Quito, 26 mar (La Calle).- La fiscal general del Estado, Diana Salazar, retornó recientemente a sus labores luego de haber tomado su licencia por maternidad. Su periodo de seis años al frente de la Fiscalía General está por terminar en abril. En diálogo con el portal La Historia, mencionó que, en el tiempo que le resta en el cargo, se enfocará en resguardar la institucionalidad de la institución, asegurar que los casos en los que trabaja actualmente no se vean afectados y procurar que el proceso de transición se desarrolle de forma ordenada.
Volvió al país en enero y presentó rendición de cuentas
La funcionaria regresó a Ecuador en enero de 2025, después del nacimiento de su hija en Argentina en diciembre de 2024. A su llegada, presentó ante la Asamblea Nacional su informe de rendición de cuentas correspondiente a las actividades realizadas durante el año 2024.
El CPCCS no ha designado a su reemplazo
Aunque su periodo está por concluir en menos de un mes, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aún no ha avanzado en el concurso para nombrar a la persona que la sucederá. En caso de que este proceso no finalice a tiempo, Salazar podría permanecer en funciones hasta que se designe al nuevo titular de la Fiscalía.
Investigaciones clave durante su gestión
Durante su tiempo al frente de la Fiscalía, Diana Salazar llevó adelante investigaciones de alto perfil. Uno de ellos fue el caso Sobornos 2012-2016, que culminó con la condena del expresidente Rafael Correa y varios funcionarios de su administración por cohecho agravado. En el caso Las Torres, logró que el excontralor Pablo Celi fuera sentenciado por delincuencia organizada. Además, procesó al exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, por abuso sexual. También formó parte de la investigación del caso Metástasis, que resultó en la sentencia en primera instancia contra el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y otros funcionarios judiciales, por delincuencia organizada.
Juicio político fue suspendido y luego archivado
En mayo de 2024, Salazar comunicó que no podía continuar con el juicio político en su contra, impulsado por el correísmo en la Asamblea, debido a un embarazo de alto riesgo. Dicho proceso, que alegaba un supuesto incumplimiento de funciones, fue suspendido en ese momento. Finalmente, en septiembre de 2024, el Legislativo archivó de manera definitiva ese juicio político.
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