Quito, 17 may (La Calle).- Hace exactamente dos años, el expresidente Guillermo Lasso decretó la «muerte cruzada», disolviendo la Asamblea Nacional y activando un proceso electoral anticipado. Amparado en el artículo 148 de la Constitución de Montecristi, el exmandatario evitó un juicio político por presunto peculado y abrió un nuevo ciclo político que aún marca al país.
Aunque fue una acción controvertida, la Corte Constitucional respaldó su legalidad. El entonces ministro de Gobierno, Henry Cucalón, la defendió como un «mecanismo legítimo para preservar la gobernabilidad». En los hechos, el país evitó un colapso institucional, pero también entró en una nueva fase de concentración de poder, gobernado primero por decreto y después por un nuevo Ejecutivo de derecha.
De Lasso a Noboa: continuidad sin ruptura
El legado de la “muerte cruzada” es también el de la continuidad. Las elecciones anticipadas llevaron al poder a Daniel Noboa, el joven empresario que asumió con un discurso de renovación, pero cuyas políticas refuerzan las líneas del gobierno anterior: austeridad fiscal, enfoque punitivo en seguridad, relaciones estrechas con Estados Unidos y desmantelamiento progresivo de derechos sociales.
Noboa ha gobernado bajo la misma Constitución de 2008 —un texto ampliamente progresista que garantiza derechos económicos, sociales, culturales y ambientales— pero lo ha hecho desde un enfoque claramente neoliberal. Estados de excepción permanentes, recortes presupuestarios y reformas regresivas conviven con principios constitucionales que, en teoría, promueven el «buen vivir» y la justicia social.
Montecristi bajo asedio: una Carta Magna sin ejecución plena
Pese a su carácter garantista, la Constitución de Montecristi ha sido aplicada de forma parcial o sesgada:
- En salud y educación, el acceso gratuito se mantiene, pero con graves déficits presupuestarios.
- En el ámbito ambiental, la Corte Constitucional impidió la expansión minera en 2024, pero el Ejecutivo insiste en abrir áreas protegidas a la inversión extranjera.
- En lo laboral, las propuestas de flexibilización han sido contenidas más por la movilización social que por voluntad gubernamental, que propuso implementar trabajo por horas en una consulta popular y no alcanzó su objetivo.
El problema no radicaría en el texto, sino la falta de voluntad política para cumplirlo en su totalidad. El contraste entre lo que la Constitución consagra y lo que los gobiernos aplican alimenta un desencanto que erosiona la legitimidad del Estado.
¿Qué dejó la muerte cruzada?
Desde su activación en 2023, el artículo 148 ha sido objeto de debate. Para unos, representó una válvula democrática ante el bloqueo institucional. Para otros, marcó el inicio de un ciclo autoritario. Lo cierto es que su uso permitió que el Ejecutivo concentre el poder durante meses sin contrapesos efectivos, y colocó a la democracia ecuatoriana en una zona de riesgo.
Durante ese período, se gobernó por decreto, se aprobaron leyes sin debate legislativo, y se consolidó un modelo de gestión que privilegia la eficiencia por encima de la deliberación democrática. Hoy, a dos años del hecho, Ecuador vive bajo la sombra de esa decisión, con un Ejecutivo fortalecido y un Legislativo debilitado.
Lo que viene: recuperar el sentido de Montecristi
El artículo 148 demostró que la Constitución puede ser utilizada para fines contradictorios con su espíritu original. Pero también dejó una lección para la oposición: más que reformar el texto, es necesario disputar su aplicación.
El reto de los movimientos de izquierda no es rehacer Montecristi, sino ganar fuerza política para ejecutarla. La batalla de fondo no es jurídica, sino política: ¿Quién gobierna y para quién?
A dos años de la Muerte cruzada, el debate no es sobre su legitimidad, sino sobre el proyecto de país que Ecuador merece. La Constitución sigue vigente, pero su espíritu original —igualdad, soberanía, buen vivir— espera una mayoría política dispuesta a materializarlo.
La pregunta es inevitable: ¿Podrá la izquierda, en alianza con movimientos sociales, convertir la Carta Magna en un instrumento de transformación real, o seguirá siendo letra muerta bajo gobiernos de derecha?
Próximamente, analizaremos las propuestas de la oposición progresista y el rol de la Corte Constitucional como guardiana de derechos. No se lo pierda.