Quito, 7 sep (La Calle).- La veeduría ciudadana para fiscalizar las acciones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio (Cpccs-T) del 2018 ocasionó críticas a los vocales de la actual gestión, quienes deben acatar la disposición de una acción de protección, pero a su vez respetar un dictamen de la Corte Constitucional (CC).
El consejero Augusto Verduga mira la polémica que ha desencadenado la petición de la veeduría como »una arremetida más de ciertas empresas de la comunicación para manchar al actual Cpccs», dijo en entrevista para Radio La Calle.
La solicitud la presentó la ciudadana Betty Moreira en el período de Gina Aguilar, sin embargo, fue rechazada por ir en contra de un dictamen interpretativo de la Corte Constitucional (CC). En mayo del 2019, el órgano de control resolvió que las decisiones del Cpccs-T no pueden ser revisadas por el Cpccs definitivo, un blindaje que hoy deja entre la espada y la pared a la actual administración.
Ante la negativa de su diligencia, Moreira interpuso una acción de protección contra el Cpccs. El juez de Montecristi, Leive Quimís dispuso a la entidad, el acompañamiento técnico y la asignación de recursos económicos al proceso de veeduría.
A partir de esta disposición, el presidente del Cpccs, Alembert Vera abrió las inscripiciones para el proceso. Por su parte, la CC ya inició una investigación y si se determina el incumplimiento de la sentencia los consejeros podrían ser destituidos.
Por otro lado, »al no acatar el fallo del juez de Montecristi también se podría incurrir en el incumplimiento de decisiones ilegítimas a la autoridad competente», resaltó Verduga.
El otro relato…
Para el exmiembro del Cpccs-T, Pablo Dávila esta veeduría tendría la intención sacar de funciones a los jueces de la CC. »Yo estoy convencido que detrás de esta argucia jurídica lo que hay es una estrategia de orden político para desestabilizar una vez más al país», dijo en entrevista para Ecuavisa.
Por su parte, Vera aclaró que no existe ninguna intención de tumbar a la CC y resaltó que la institución tampoco tiene las atribuciones para destituir a funcionarios. Para él, los medios de comunicación masivos están creando otro relato.
Para Verduga este es un tema que debe resolver el Cpccs junto a la Corte. También enfatizó en que la entidad envió su cuestionamiento a la secretaría técnica de la Corte sobre cómo proceder en este dilema jurídico.
De igual manera, dijo que en los procesos de elección a la nuevas autoridades de control existen sentencias de la Corte Constitucional que ocasionan el retroceso de los procesos, tal es el caso de los concursos para la elección de contralor y la autoridad para el Consejo Nacional Electoral (CNE).
»Por ser de izquierda»
La CC ya pidió a la institución la información para determinar si se está cumpliendo con el dictamen. Desde el punto de vista de Verduga, lo que dictaba esta sentencia es que el Cpccs no podía revisar de oficio la actuaciones del ‘transitorio’, pero no se habló de un blindaje a los ciudadanos.
»No solo es el dictamen de la Corte, sino también un artículo de la propia Constitución en donde se establece que el pueblo es el mandante y primer fiscalizador de todos los actos del poder público», recalcó.
El panorama del dilema jurídico desembocó en una crítica política a la gestión del Cpccs, no solo ahora, sino desde la posesión de los consejeros en la Asamblea. De acuerdo a Verduga este problema es por su tendencia ideológica.
»Yo estuve militando en un medio de comunicación de izquierda, entonces esos son mis valores, yo creo en la justicia social, si eso me hace cercano a cierta tendencia política ese será el rótulo que me pongan. Yo no tengo ninguna hipoteca con ningún movimiento político», recalcó.
El contexto del ‘trujillato’
Tras la consulta popular del expresidente Lenín Moreno, en el 2018, se instauró el Cppcs transitorio también conocido como ‘trujillato’ porque era liderado por Julio César Trujillo, quien falleció en el 2019.
La gestión de esta administración tuvo diversas críticas en el nombramiento de autoridades. El abogado Ramiro Aguilar señaló que la »ilegalidad más monstruosa» que hizo el Cpccs-T fue declarar en vacancia a la Corte Constitucional durante 60 días y cesar de sus cargos a los nueve jueces que estaban en funciones.
El jurista recalcó que ninguna norma permitía que el Cpccs tome esa decisión, ni siquiera la consulta popular de Moreno, por la tanto, habría una violación a la Constitución.
Por otro lado, indicó que hubo un «tomo de ilegalidades» en las decisiones que adoptó el ‘trujillato’, por ejemplo, en la designación del contralor; de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE); los miembros del Consejo de la Judicatura (CJ); en la acreditación de Diana Salazar a la Fiscalía »cuando había sacado 10/20 en la prueba escrita», destacó. (AGM).
