Quito, 5 ago (La Calle).- No es un secreto que la violencia dentro y fuera de los reclusorios del país superó cualquier intento del presidente Guillermo Lasso por «mantener el orden»… y las cárceles de mujeres no fueron la excepción.
Según el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), 31.121 personas se encuentran privadas de su libertad, de ese monto 1.965 son mujeres, la mayoría detenidas por tráfico de drogas.
Aunque el presidente ha decretado varios estados de excepción en el interior de los reclusorios, el 58,9 % de los internos, hombres y mujeres, no se sienten seguros dentro de sus celdas, debido al acecho de las bandas criminales.
El exministro de Justicia, Ernesto Pazmiño indicó para Radio La Calle que los reclusorios de mujeres se convirtieron en el ala desplazada de «los gobiernos neoliberales».
Pazmiño aseguró que el precario sistema de salud, educación y rehabilitación en las cárceles se debe a la poca o nula inversión del presupuesto del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI).
«Al menos el sistema de salud es sumamente descuidado. El Ministerio de Salud no cumple con los compromisos que debería tener con la rehabilitación social. El SNAI se deslindó por completo», recalcó.
Seguridad…no saben qué es
El exservidor comentó que es «un secreto a voces» que las reclusas y las guías penitenciarias sufren violencia y acoso sexual en las cárceles. Enfatizó que se ven obligadas a «traficar con sexo para obtener algo». Por ejemplo, en la cárcel de Guayaquil realizaron grandes orificios para que los hombres del centro que colindan se pasen a esa cárcel.
«Literal, ellas venden sexo, tienen que vender sus cuerpos. No hay protocolos adecuados para evitar ese tipo de abusos y menos con un sistema policializado. Todos reciben un trato despótico», dijo.
Apuntó que el principal problema es que, durante el gobierno de Lasso, los directores del SNAI y de las cárceles del país están dirigidos por policías o militares en servicio activo o pasivo.
«Ellos lo único que ven es plomo, violencia, tortura y encierro como mecanismo de rehabilitación. No pueden ver más allá», mencionó.
Hace pocos días circuló en redes sociales un boletín en el que internas denunciaban que sufrían violencia sexual por parte de PPL que pertenecerían a bandas delictivas. En el comunicado expresaban que todos los actos se realizaban en complicidad de las autoridades. «Nadie se hace responsable de eso. Los derechos de las reclusas quedaron en el olvido», expresó.
Lo indispensable no hay…
De acuerdo con el INEC, el 37,2 % de las mujeres están en el rango de 18 a 29 años, el 46 % de 30 a 44 años, personas que aún tienen el periodo menstrual. Sin embargo, los centros no poseen toallas sanitarias, pastillas para los cólicos o un médico que pueda atender alguna emergencia. Testimonios de varias reclusas indicaron que ese tipo de productos lo tienen que comprar a un precio alto a otras PPL.
«A este gobierno le importa muy poco la salud. No hay papel higiénico, atención médica o ginecológica. A veces encuentran las paredes manchadas de heces fecales y otras cosas», apuntó.
Pese a que los datos del INEC revelan que el 44,5 % considera que los servicios higiénicos son regulares y el 20,4 % son malos, las autoridades de turno no implementan políticas que atiendan este problema.
Niños en las prisiones
Pazmiño explicó que, junto a otras autoridades, permitieron que las mujeres en estado de gestación o que ya dieron a luz permanezcan en la cárcel de Fundeporte, sur de Quito. Detalló que los infantes y sus madres se quedan ahí hasta los seis meses. Después de ese tiempo deben regresar a sus celdas. Unas entregan los pequeños a sus familiares y otras se los llevan a la celda.
«Aunque la ley prohíbe tener a los pequeños en los centros, hay niños de tres y cinco años. Si su círculo no viene por el menor, el Estado se los quita. A mí me llegó esa información», repitió.
Con dinero y no pasa nada
Hasta el primer trimestre de 2023, el SNAI invirtió a penas el 5,69 % del presupuesto. Ese dinero debía destinarse programas de rehabilitación, equipos para los dispensarios y reparación de infraestructura, pero ha quedado reducido a nada.
Además, Lasso invirtió a penas el 31 % de todo el presupuesto destinado para seguridad en 2022. De esa cantidad, el régimen gastó tan solo el 21 % para servicios de cárceles, según el presupuesto anual.
