Quito, 4 ago (La Calle).- La Contraloría General del Estado (CGE) confirmó seis glosas en un contrato para mejorar los centros de revisión vehicular de Cuenca. El valor de estas sería de USD 4.6 millones.
«El inversionista encargado de operar los centros de revisión vehicular no implementó la línea de inspección exclusiva para emisiones de gases y no realizó las reinversiones previstas el el contrato, (…)», reza el documento.
La compañía privada fue contratada por la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte (EMOV). Este acuerdo era para mejorar el proceso de la Revisión Técnica Vehicular (RTV) en esa ciudad.
Las responsabilidades civiles recaen sobre funcionarios de la empresa pública que estuvieron en la ejecución del contrato entre enero de 2016 y marzo de 2021. Según la CGE, ellos no supervisaron que el inversionista cumpla con sus obligaciones. Asimismo, no sancionaron «la inobservancia» de los términos de la contratación.
Además, en el informe explicó que los fiscalizadores no sancionaron los incumplimientos del contrato. Las multas que en su momento no fueron puestas son dos, por el valor de USD 973. 500 cada una.
¿Qué fue lo que no cumplieron?
El contratista debía implementar en los centros de revisión la línea de inspección solo para emisiones de gases, pero no lo hizo. Esto causó que los vehículos que iban para esta prueba o un examen visual, deban ingresar a la línea de revisión completa, generando una pérdida de tiempo en los usuarios.
La otra responsabilidad civil fue de 973 mil dólares para los funcionarios de la empresa pública que no sancionaron las deficiencias detectadas en los procesos de revisión. Las mediciones de gases y la intensidad y alineación de luces de las motocicletas no se ajustaron a los parámetros que señala la Normativa Ecuatoriana para RTV.
¿Y las reinversiones?
De la misma manera, el inversionista debía actualizar los equipos, sistemas informáticos y entregar pólizas de seguros por cada reinversión. Sin embargo, no se renovó la garantía de la primera reinversión, ni entregó la póliza de la segunda.
Por esto, se debía cobrar la multa de más de USD 1 millón por los 1.947 días que incumplieron con sus responsabilidades, pero la gerente general dio de baja la multa. Por eso, el contratista y la gerente general que emitió una resolución dejando sin efecto las multas, deberán pagar la cantidad de 1’435.000 dólares.
Asimismo, los fiscalizadores del contrato pagarán USD 512 mil a la entidad por perjuicio económico. Por la misma línea, gerentes generales de EMOV que estuvieron entre 2019 y 2021, y no hicieron nada para levantar las medidas de la exgerente provocaron una glosa de USD 346.500 por 693 días que no se realizó la tercera reinversión.
Finalmente, la sexta responsabilidad civil es por los equipos que el inversionista no entregó a la EMOV, que generó multas no impuestas por USD 362.500. (DCJ)
