Quito, 13 jun (La Calle).- El colectivo Acción Jurídica Popular (AJP) presentó una acción de acceso a la información pública en contra de la Universidad Central del Ecuador (UCE) por la falta de entrega de documentación relacionada a la tesis de pregrado de la fiscal general Diana Salazar y de la Comisión de Auditoría Académica que investiga el caso de presunto plagio.
El 26 de mayo de 2023, el rector de la UCE, Fernando Sempértegui dispuso la integración de una comisión para analizar el supuesto plagio de al menos un 40 %. El colectivo solicitó que se abra un expediente y se le revoque el título de abogada a Salazar.
Sin embargo, a 19 días del anuncio no se ha tenido más noticias de las autoridades universitarias. Aún se espera la presentación del informe que determine si hubo falsedad intelectual. Según Sempértegui, la investigación estaría listo en un mes y debe tener en cuenta las normas de elaboración de tesis vigentes en 2005, fecha de graduación de Salazar.
La comisión está integrada por el rector, el vicerrector, los directores de carrera, además de los decanos de cada facultad; también tiene representación estudiantil y de los trabajadores.
Sobre la acción
La acción de acceso a la Información Pública ha recaído en el Juzgador Walter Figueroa Carballo y es el Nro. 17957-2023-00150. Se pide que le dispongan a la Universidad Central que cumpla con lo previsto en la Ley y la Constitución.
Las autoridades demandadas son: el rector Fernando Sempértegui; el procurador general de la UCE, Marcelo Acosta Cerón; y el procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea.
La información certificada que el colectivo solicita es:
- ¿Qué autoridad fue la que designó la Comisión para analizar la denuncia de plagio de la fiscal general Diana Salazar?;
- El acta de la sesión en la que se designó a los miembros de la Comisión para analizar la denuncia de plagio;
- ¿Cuáles son los miembros de la Comisión conformada para analizar la denuncia de plagio?;
- Fotocopias certificadas del Estatuto de la Universidad Central del Ecuador que entre el 2004 y el 2006, se encontraba vigente;
- Fotocopias certificadas de la tesis de pregado de la fiscal general Diana Salazar, cuyo título fue “El tráfico ilegal de migrantes, coyoterismo en la legislación ecutoriana”; y,
- Se nos informe por parte del rector Fernando Sempértegui, si es familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad de los señores Luis Eduardo Sempértegui San Lucas y Ricardo Alberto Sempértegui Sánchez, que son servidores de la Fiscalía General del Estado, información que es necesaria para conocer por la relevancia de la denuncia que hemos presentado, misma respecto de la que no hemos tenido respuesta oficial hasta la presente fecha.
