Quito, 09 may (La Calle).- En un nuevo capítulo de no importa la ley ni la ética, aparece el periodista Emilio Palacio, quien aseguró que es normal repartir cargos en las democracias.
«Y ya se han empezado a adelantar ante esta posibilidad, algunos voceros de estas organizaciones golpistas a decir. «Ah, van a vender cargos, van a repartir puestos». Si, señor así funcionan las democracias, los cargos se reparten. Es que el poder cuando está concentrado en pocas manos hace daño, por eso hay que repartir el poder», dijo en una entrevista con i99.
¿Qué dice la ley?
Aunque el periodista saque el término democracia a colación, la repartición de cargos que den un beneficio económico para la persona que los percibe o para terceros, además de ser antiético, está tipificado en el Código Integral Penal (COIP). Así también la gente que ofrezca estos beneficios para sus propios intereses.
Dos de esos delitos son:
Tráfico de Influencias (Art. 285): servidores públicos o personas con potestad estatal que abusando de su cargo, funciones o relación jerárquica ejerzan influencia en otro servidor público para obtener un acto o resolución favorable a sus propios intereses o el de terceros.
Oferta de Realizar Tráfico de Influencias (Art. 286): persona que acepte o solicite a terceros, presentes o cualquier otra remuneración, con el fin de ejercer influencia en otro servidor público para obtener un acto o resolución favorables a sus propios intereses o el de terceros.
Para muestra, un botón. Tras la salida de la asambleísta Karen Noblecilla de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC), la organización política denunció públicamente la supuesta venta de cargos a cambio de votos favorables al presidente Lasso en el contexto del juicio político en su contra.
Ella y su equipo habrían recibido, con la venia de Pascual del Cioppo y el ministro Henry Cucalón, cargos en instituciones estatales de El Oro. El presidente de las Juventudes social cristianas, Marco Castillo lo acusó en un comunicado. (MIB)
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