Quito, 27 abr (La Calle).- La asambleísta Viviana Veloz (UNES) aseguró que el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, «se inventó» plazos para dilatar los tiempos y que el presidente Guillermo Lasso continúe la «compra de conciencias» en el Pleno.
Veloz comentó, en entrevista para Radio La Calle, que los legisladores -que actúan como abogados del Lasso- no dieron paso a que el exdirector de Flopec, Johnny Estupiñán pueda declarar ante la Comisión.
«Le tienen tanto miedo a que el país sepa la verdad. La asambleísta Ana Belén Cordero interrumpió la sesión para que no se le diera paso», explicó.
Además, señaló que Estupiñán en las dos cartas enviadas a la mesa legislativa detalló que Lasso tenía conocimiento de todas las desfaces en la empresa.
Según la asambleísta, el perjuicio para el Estado de agosto de 2021 fue de USD 6 millones. No obstante, hasta diciembre del mismo año la cantidad subió a USD 110 millones.
¿Qué sigue?
La Comisión de Fiscalización tiene diez días, que corren desde este 27 de abril, para elaborar el informe de recomendación para el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela. El documento será socializado en 72 horas en el Pleno.
«Recordemos que esta comisión actúa de manera sesgada. Los cuatro legisladores que apoyan a Lasso intentarán que el juicio no continúe, pero los otros cinco que forman la mesa legislativa respaldarán el clamor del ciudadano», mencionó.
Enfatizó que sea cual sea el dictamen de la comisión, la última palabra la tiene el Legislativo, pues se necesitan 92 votos para la censura y destitución de Lasso.
Amenazas de muerte y persecución
Veloz detalló que ella también fue víctima de amenazas de muerte por ser una de las interpelantes del juicio político. También, señaló que inició un ataque mediático en su contra que incita al odio.
«El viceministro de Gobierno, Mario Cuvi nos amenazó. Dijo que el juicio político la pagarán nuestras familias. Además, se han empeñado en pintar las principales paredes de la ciudad con cosas que me perjudican», dijo.
La legisladora Pazmiño también recibió amenazas por la denuncia penal que impuso contra el jefe de Estado por el presunto delito de peculado. El abogado de la parlamentaria solicitó que se la incluya en el programa de víctimas y testigos por la gravedad del caso. (N.J.C)
