Sebastián Tamayo / @tamayo95se
La emergencia sanitaria en el Ecuador ha sido el escenario perfecto para el debut del régimen económico neoliberal. En el gobierno ecuatoriano del Twitter, el vicepresidente, Otto Sonnenholzner, se conduele por el sacrificio que hacen los vendedores ambulantes al quedarse en su casa, el Ministro de Finanzas ataca en territorio.
La situación económica que atraviesa el Ecuador a causa de los efectos de la pandemia, puso en jaque a los ecuatorianos por los niveles de desempleo y las limitaciones para acceder a la educación superior. La crisis económica se convirtió en un discurso para cumplir con los requerimientos del FMI: la reducción de gasto del público. En el fondo, es un tema de amplio debate doctrinal, pero lo que no se trae a colación en estas circunstancias es el escenario en el que se fraguan dichas condiciones.
Los factores externos que intervienen en la economía nacional pretenden ser contrarrestados con transgresiones a la norma constitucional que afecta al acceso a la educación, los derechos laborales y la obtención de empleo. La solución propuesta por el ministro Martínez apela a las estrategias del capitalismo como la inyección de capital al sector empresarial, pero con la demanda reducida. Por tanto, el planteamiento de la política económica para mermar la crisis se desencadena en el desempleo y el retorno al subempleo como elementos indispensables para que la empresa privada resista.
En consecuencia, la oferta laboral, con ley en mano, tendrá carta abierta para plantear las condiciones que el empleador decida a su beneficio. El problema no radica en el marco objetivo de la norma sino, en el ámbito subjetivo. En efecto, un porcentaje considerable de pequeñas y medianas empresas accederán al mutuo acuerdo para no cerrar, pero los gigantes corporativos también quedan facultados para aplicar la ley a su antojo. Lo que concluirá, seguramente, en acumular más capital a costa del trabajador.
Con despidos masivos en el sector público y privado de por medio, la demanda laboral no tendrá otra opción que acoger las condiciones establecidas sin oposición. Un trabajo por horas sin relación de dependencia, reducciones salariales, reducción de la masa salarial del Estado, entre otras. “El fin justifica los medios” y ahora se necesita mano de obra barata para reactivar la economía, según Martínez.
El recorte presupuestario para la Educación Superior, a largo plazo, representa menos profesionales a los que pagar por sus títulos, y una fuerza de trabajo joven que, al no conseguir un cupo en la universidad pública, no tendrá más opción que trabajar bajo condiciones precarias. Con ello, la brecha entre los acumuladores de capital y la mano de obra incrementará aún más.
La defensa a los derechos adquiridos se convierte en una lucha no solo de los estudiantes, sino de todos, pues la articulación de los elementos que arroja la coyuntura muestra un camino hacia la desregularización. Los activistas económicos de Carondelet pretenden sepultar la macroeconomía para adoptar la doctrina de la autorregulación del mercado. Y no es por sacralizar, pero el Ecuador ya fue testigo de las consecuencias.
