Quito, 5 abr (La Calle).- El presidente de la Comisión Legislativa de Fiscalización, Fernando Villavicencio, impuso a los interpelantes del juicio político contra el presidente, Guillermo Lasso, un plazo de 72 horas para presentar las respectivas pruebas. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) el plazo es de 5 días.
A iniciarse el proceso del juicio político contra el presidente Lasso en la Comisión de Fiscalización, Villavicencio ya empezó a establecer las reglas del juego. En primera instancia, pidió a los asambleístas solicitantes que presenten las pruebas en un período diferente a lo establecido por la LOFL.
El artículo 90 referente al proceso de juicio político contra el Presidente y Vicepresidente de la República, establece que primero la Comisión de Fiscalización notificará a la autoridad acusada sobre el inicio del trámite. En este caso, el mandatario tendrá un plazo de cinco días para ejercer un derecho a la defensa.
“De igual forma, notificará a las y los asambleístas solicitantes, para que en similar plazo presenten las pruebas de las que dispongan”, dicta la normativa.
Exclusión de pruebas
El oficio también especificó que los solicitantes deben excluir los hechos, inferencias y pruebas relacionados con los dos primeros cargos que no pasaron por la Corte Constitucional, es decir, los de concusión.
Anteriormente, el asambleísta Villavicencio manifestó que en la mesa parlamentaria únicamente se enfocarán en los presuntos casos de peculado en FLOPEC EP. “No voy a permitir que se presenten otras pruebas”, expresó.
El legislador invocó a los asambleístas de la Comisión a no hablar sobre temas coyunturales relacionados al homicidio de Rubén Cherres, de la mafia albanesa, de Leonardo Cortázar y los supuestos casos de corrupción en Petroecuador EP. (A.G.M).
