Quito 04 mar (La Calle).- La organización UNORIC R.Q.E. se reunió en las afueras de la Fiscalía General para la audiencia de ampliación de versión por el presunto caso de concusión contra Roberto Hidalgo, alcalde del cantón Mejía. Los miembros denuncian reparación integral en el caso.
Cerca de 100 personas exigieron la presencia de Roberto Hidalgo, presunto responsable de redirigir cerca de USD 106 mil, dinero que exigió a lo largo de los años a la organización para supuestamente legalizar procesos de escritura.
Con la última audiencia, se espera el cierre de la investigación previa que lleva alrededor de dos años e inicie el juicio contra Hidalgo.
Sobre el caso
La organización Unión de Organizaciones de Indígenas del Cotopaxi Residentes en Quito, Ecuador denunció hace dos años el abuso de poder del funcionario.
El Estado le vendió distintos predios a moradores del cantón Mejía. Estas parcelas estaban designadas como suelo agrícola productivo, es decir, un espacio para producir. No obstante, se cambió por suelos de expansión urbana para construir.
Los moradores se cansaron de la situación y cortaron la transacción del dinero al alcalde por presiones y presuntas extorsiones. Por ello, una vez que los pagos se pausaron, el alcalde cambió los suelos de expansión urbana a la agrícola.
Los cobros paulatinos se realizaron a través de Marianela Remache, otra de las acusadas en el caso. Los pagos se realizaban por semanas o sin aviso previo y se recaudaban entre los dirigentes de la organización.
Varias declaraciones del abogado del caso y presidente de la organización.
Los afectados realizaron una representación del funcionario como una rata.
Demandas
Se exige la reparación integral a través de la devolución del dinero, pues representan ahorros de toda la vida de ciertos afectados.
Ciertos miembros comentan que su reputación es mancillada, se los acusa de invasores. Exigen la reparación justa de espacios que compraron al Estado.
