Quito, 21 mar (La Calle).- El caso Cumbaratza lleva más de 35 años sin resolverse. El Estado ecuatoriano interpuso una demanda contra esa empresa en 1965, pues la entidad realiza actividades de minería ilegal en Zamora Chinchipe. En la disputa también estarían involucradas otras concesionarias.
En 1885, el Estado le otorgó un espacio minero legalizado a la empresa. Sin embargo, un asociado le exigió 30 mil hectáreas más. Esto desencadenó un problema entre Gobierno, la empresa y las concesionarias, pues consideró que esto perjudica a la producción minera de Zamora.
El Estado ganó el proceso en contra de adjudicar estas hectáreas a la empresa en 1996, pues se determinó que la sociedad no tenía un sustento legal para la exigencia. No obstante, no se han respetado los acuerdos legales que se impusieron.
Los pequeños mineros exigieron al Estado que regularice estas áreas y su actividad. Entre sus peticiones están: regularizar y establecer medidas mineras para este grupo de trabajadores y las concesionarias.
Demandas en la Asamblea
La asambleísta por Pachakutik Isabel Enríquez exhortó al Gobierno que se respete a los mineros artesanales que continúan a la expectativa de las regularizaciones. “Las postergaciones necesitan parar y el Estado debe responder las demandas”, apuntó.
Además, mencionó el caso similar de la empresa Club Street. “Una compañía que no tiene sus estados financieros claros y las oficinas físicas no se encuentran, son empresas de papel”, aseghttps://www.presidencia.gob.ec/uró.
Además, señaló que el Estado necesita hacer cumplir la sentencia y dejar de filtrar territorios propicios para la minería ilegal porque los únicos favorecidos son los empresarios.
“La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables necesita hacerse cargo de la sentencia de 1996 en el caso Cumbaratza. Y dejar de favorecer a las empresas mineras“, finalizó.
