Quito, 3 dic (La Calle).- La asambleísta por Pachakutik, Mireya Pazmiño denunció una serie de irregularidades que cometió el presidente del Consejo de Participación (Cpccs), Hernán Ulloa, al “posesionar” a Roberto Romero como nuevo Superintendente de Bancos.
Pazmiño acusó a Ulloa de designar a Romero en “la clandestinidad”, en horas de la madrugada de este 3 de diciembre. Además, señaló que la mayoría gobiernista del Cpccs se tomó atribuciones que no están dentro de sus funciones. Es decir, la capacidad de posesionar autoridades es competencia de la Asamblea Nacional, mas no del Cpccs, que solo tiene la facultad de designar autoridades.
“Entre gallos y media noche, violan la Constitución y la Ley”, expresó Pazmiño a través de su cuenta de Twitter.
Pronunciamiento de la Asamblea Nacional
Del mismo modo, el Pleno de la Asamblea anunció que no reconocerá la designación de Romero como nuevo Superintendente de Bancos, porque el acto lo realizaron “funcionaros destituidos”.
“No permitiremos que ninguna otra Función del Estado pretenda realizar injerencias en el poder Legislativo. Amparados en la ley, ¡nos haremos respetar aplicándoles lo previsto en el marco legal y constitucional!”, reza el comunicado.
Asimismo, precisó que aceptar la decisión del juez Ángel Lindao sobre la reincorporación de los consejeros destituidos del Cpccs sería violar la Constitución y la independencia de las funciones del Estado.
“Un juez no puede dejar sin efecto las decisiones legítimas adoptadas por todo un Pleno Legislativo, y peor aún arrogarse funciones que no le corresponden”, detalla el documento.
El Pleno enfatizó que es responsabilidad de las máximas autoridades, incluyendo a la Fiscalía, adoptar gestiones adecuadas que sancionen este tipo de delitos. “A fin de garantizar el respeto pleno hacia las demás funciones del Estado y asegurarse la democracia del país”, dice el comunicado.
Destitución de los consejeros
Además, esta designación entra en conflicto por la situación política y judicial que mantiene cuatro miembros del Cpccs. Hernán Ulloa, Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán fueron destituidos por mayoría de votos en el Pleno del Legislativo por:
- Incumplimiento de funciones
- Intento de modificación del reglamento para la designación del nuevo Contralor del Estado
- La falta de transparencia en el caso del Superintendente de Ordenamiento Territorial.
Sin embargo, el juez del cantón La Concordia, Ángel Lindao aceptó una acción de protección que suspendió la destitución de los cuatro consejeros gobiernistas del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). Con este recurso quedó sin efecto la resolución de destitución y censura de la Asamblea Nacional contra los funcionarios.
