Quito, 30 sept (La Calle).- El abogado constitucionalista Luis Fernando Molina conserva la idea de que la mayoría de las preguntas de consulta popular, buscan las desinstitucionalización del Estado ecuatoriano y son difuminadas por otras que pueden ser resueltas de forma parcial.
En una entrevista realizada el 30 de septiembre para nuestro medio, Molina, graduado de Magister en Derecho Constitucional, brindó detalles sobre las preguntas de consulta popular.
El constitucionalista piensa que las preguntas 3 (Garantizar la autonomía de la Fiscalía); 4 (Reducir el número de asambleístas); 5 (Número mínimo de afiliados en movimientos políticos) y 6 (Eliminar la facultad de designar que tiene el CPCCS), son juegos políticos del Gobierno que vulnera la institucionalización del país.
“Las preguntas cambiarían una media de 35 artículos, por una Constitución neoliberal que busca la desinstitucionalización y privatizar los procesos del estado “dijo.
Dentro de la pregunta 4 por ejemplo, Molina piensa que si se disminuyen la cantidad de asambleístas, el Gobierno tendría más posibilidades de compra de votos y facilidad de centralismo. Además, provincias chicas como Galápagos o Imbabura perderían representatividad en el Parlamento.
“Lo que buscan realmente, es volver al Congreso de los 90, que centraba su poder en las principales ciudades”.
Aunque la Corte Constitucional del Ecuador se encuentra aún en evaluación de las preguntas, se puede entender que el Gobierno del presidente Lasso tiene en realidad otras intenciones detrás.
Además, el jurista entiende a las preguntas referidas al eje medioambiental, como relleno que difumina las preguntas realmente importantes, para obtener mayor acogida de parte de la sociedad. Para él, al menos cinco preguntas de las ocho planteadas, podrían resolverse de forma parcial. Es decir, sin la necesidad de convocar a un proceso de consulta ciudadana. (J.C)
