Quito, 02 sep (La Calle). – El ciudadano brasileño Fernando André Sabag Muriel fue el perpetrador del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta argentina en la noche del 01 de septiembre.
El sujeto está en manos de la Policía, pero todavía no están claras las motivaciones detrás de este hecho que el Gobierno ha calificado como un “intento de magnicidio”. Sabag disparó un arma frente a la cabeza de la vicepresidenta, el mecanismo se encasquilló y afortunadamente no consiguió dispararse. El hecho ocurrió en las afueras de su residencia en Recoleta tras una reunión con el senado.
El ciudadano de 35 años portaba una Bersa 380, de fabricación argentina, con cinco balas en su interior, explicó la Policía Federal.
Después de que los simpatizantes de Fernández lo tomaran de la camisa para no dejarlo escapar, la policía se lo llevó a una comisaría de Buenos Aires. Después lo trasladaron a la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal Argentina en el barrio de Villa Lugano para su interrogatorio, informó la BBC.
No es la primera detención
En marzo del 2021 ya lo habían detenido por portar un cuchillo, según fuentes policiales. Se sabe que Sabag llegó a la Argentina cuando era un niño en 1996 y según un reportaje de Crónica TV, en el que aparece, no estaba de acuerdo con las políticas de ayuda social.
“Mi novia tenía planes sociales, pero dejó de tenerlos, porque no da cobrar planes cuando podés trabajar”, dijo en esa ocasión.
El ciudadano se encontraba junto a su pareja, una mujer que vendía algodón de azúcar en la avenida Corrientes. Ella también se mostró de acuerdo. “Se sale adelante trabajando, no cobrando planes. Cobrar planes sociales es fomentar la vagancia”.
Un milagro
El presidente argentina Alberto Fernández se pronunció sobre el tema. Aseguró que el arma tenía cinco balas y que Fernández está viva porque la pistola no funcionó.
El mandatario decretó festivo este 2 de septiembre tras lo ocurrido.
Cientos de simpatizantes de Fernández de Kirchner llevan días en los alrededores de su residencia, después de que la Fiscalía pidiera para ella 12 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por presunta corrupción.
