Quito, 15 ago (La Calle). – El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Hernán Ulloa, informó sobre los aspectos jurídicos que anulan la posesión de Raúl González como Superintendente de Bancos.
El abogado Ulloa, a través de una rueda de prensa expuso los argumentos y fundamentos legales que revocan el posicionamiento de González por parte de la Asamblea Nacional del Ecuador el pasado 11 de agosto.
En primer lugar, explicó que, con base a lo expuesto en la norma del Control Constitucional, la jueza Larissa Ibarra emitió una sentencia en contra del ingeniero González que anula su posicionamiento como Superintendente de Bancos.
Esta sentencia solicita al presidente Lasso a través del presidente del CPCCS otra terna y que con ella se tramite un nuevo proceso de designación.
De esta manera, Ulloa detalló que no puede incumplir con lo mencionado por la jueza porque estaría cayendo en un delito de desacato penado con la destitución del cargo o una infracción penal, según lo estipulado en el Código Orgánico Integral Penal.
INJERENCIAS POR PARTE DE OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO
El abogado Ulloa mencionó que en este proceso jurídico se ha evidenciado intromisiones por parte de otras instituciones del Estado que no están dentro de su normativa.
“No puedo permitir que ninguna otra función o institución pretenda injerir en las prerrogativas y facultades constitucionales que tiene el CPCCS e la designación de las máximas autoridades del país”, informó
Pues dentro de anulación que resulta de la sentencia emitida, no existe razón jurídica para que la Asamblea haya continuado con el proceso de posesionamiento, y lo único que hace es agravar la crisis institucional.
Del mismo modo, resaltó que todas las instituciones, funciones o poderes del Estado, están sometidos al control constitucional. Que se pretende brindar un correcto seguimiento de las actividades que se encargan los poderes públicos y particulares del país sin excepción.
Por lo que, una de las medidas para evitar esta injerencia es la posibilidad de vincularse a otras instancias que les otorguen un panorama más claro de los argumentos que contradicen la sentencia de primer nivel.
DESIGNACIÓN DE UNA NUEVA TERNA
El CPCCS envió una nueva solitud a Lasso solicitando otra terna. Mientras tanto, este organismo recibió la orden de continuar con el proceso de designación que se pretende.
El objetivo como instituciones y funciones del Estado es tener la capacidad de dialogar, tomar decisiones y llagar a consensos de manera coordinada y no aislada.
“Yo siempre estado abierto al diálogo y mi posición este momento no es confrontar con ningún poder, ninguna función o institución mi posición es explicar a la ciudadanía lo que está ocurriendo”, manifestó.
Así, explicó que esta apelación no se trata de una arbitrariedad, ni una decisión sesgada o impuesta. Sino del cumplimiento del marco jurídico al que deben regirse los ecuatorianos
ÚLTIMA DECISIÓN EN MANOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
En el caso que la Corte Constitucional dictamine lo contrario a lo estipulado por la jueza de primer nivel Larissa Ibarra, los miembros del CPCCS están en la obligación de acatar esta nueva disposición.
“Esté de acuerdo o no tengo que acatar la sentencia de control constitucional emitida por jueces de la Corte Constitucional, debo acatar la sentencia judicial”, resaltó el presidente del CPCCS.
