Quito, 5 abr (La Calle).- El Tribunal de Garantías Penales aceptó la medida cautelar solicitada por la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. Según un documento del Consejo de la Judicatura, los jueces que conocieron la petición y verificaron los hechos resolvieron declarar «la existencia de amenaza de vulneración de los derechos constitucionales contemplados en los artículos 82 de la Constitución».
Este artículo de la normativa señala que «el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes».
Tras el fallo judicial, el legislador Fausto Jarrín, de UNES, se abstuvo de continuar con la moción para cambiar el orden del día. «Llegamos a instalar este pleno con la grosera y afrentosa intromisión de la Función Judicial en las capacidades del legislativo» expresó Jarrin.
Asimimso, sostuvo que en razón de las medidas cautelares que la presidenta de la Asamblea consiguió «en contra de toda lógica de autonomía» se abstuvo de solicitar el cambio en el orden del día. «No voy a violar la normativa constitucional», aseveró.
Con esta resolución, el Pleno de la Asamblea Nacional no podrá conformar la comisión multipartidista para evaluar al Consejo de Administración Legislativa.
Las reacciones
Legisladores, analistas políticas y ciudadanos expresaron su rechazo a la resolución del sistema judicial. Hace poco el vicepresidente de la Legislatura, Virgilio Saquicela, aseguró que una resolución favoreble podría considerarse como una intromisión en la Función Legislativa.
Por su parte, el abogado André Benavides dijo que con la abstención de Jarrín para el cambio del orden del día ya se puede solicitar la revocatoria de medidas cautelares. «Lo que corresponde ahora es presentar la denuncia por incumplimiento de funciones para la destitución de la presidenta de la Asamblea», explicó.
