Quito, 01 abr (La Calle).– En entrevista con Radio La Calle, la activista por los derechos de la naturaleza, Malu Camacho, manifestó que los controles de seguridad en materia de transporte y descarga de petróleo, en puertos como el de Balao, provincia del Guayas, fueron anulados.
Camacho denunció que una superintendenta encargada anuló a, través de oficio simple, una matriz de seguridad del Ministerio de Transporte avalada internacionalmente. Esta matriz precautela la salud de quienes descargan el crudo. Y además regula las horas de carga o descarga dependiendo del oleaje.
Según la activista, la matriz de seguridad fue implementada con carácter jurídico, a través de una resolución en enero del 2021, la cual, por medio de un oficio simple, fue anulada por la superintendenta encargada en septiembre del mismo año. Camacho afirma también que no han recibido respuesta del Ministro de Transporte, Marcelo Cabrera, ante los reclamos por esta inusualidad.
Sin embargo, tampoco han podido realizar la queja respectiva al Ministerio de Ambiente. “El Ministerio de Ambiente, aunque suene absurdo, tiene potestad el momento en que haya un derrame. Mientras tanto, la única potestad es la del Ministerio de Transporte”, puntualizó.
Consecuencias ambientales de los controles de seguridad anulados
Camacho señaló que el punto crítico de esta problemática es el tipo de remolcadores empleados. Estos vehículos movilizan el buque cargado de petróleo hasta la bomba de descarga. Según ella, si existiese algún malfuncionamiento de ellos o no fuesen los indicados, podrían causar un accidente rompiendo el casco del buque y generar otro nuevo derrame de crudo.
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La activista indica que esto podría suponer nuevas amenazas para la biodiversidad del país pues, el derrame alcanzaría rápidamente lugares como las Islas Galápagos. Explicó que por alguna razón desconocida, no emplean remolcadores aprobados y mas bien lo hacen a necesidad, sin ningún requisito o control “a dedo”.
Además indicó que no existe responsabilidad ni prevención por este tipo de desastres ambientales. Explicó que arreglarlos toma años y que estos no solo significan la pérdida del crudo y mortalidad de flora y fauna. Sino también, representa pérdidas económicas en materia de recursos, comercio y turismo. La activista afirmó que los controles de seguridad anulados son necesarios para evitar todo ello pero que, aparentemente, no hay procesos internos del Gobierno para auditar este tipo de situaciones.
