Quito, 26 ene (La Calle). – Hoy el experto en criminología y ejecución penal, Jorge Cáceres, realizó una evaluación respecto a las decisiones del Gobierno en temas de seguridad y del proyecto de Ley, presentado ayer en la Asamblea Nacional.
En una entrevista con Radio la Calle, el experto manifestó que “a través de la violencia, se intenta instalar un proyecto de ley para agrupar a las fuerzas del orden: fuerzas armadas, policía nacional y vigilantes de centro de privación de libertad, en el concepto de fuerza pública, y tendrán la protestad de, a discreción, manejar el uso progresivo de la fuerza” con el respaldo del Estado.
No obstante, Cáceres señaló que en el Código Orgánico de Seguridad ciudadana y Orden Público se regula la actuación de la policía e indica que cada una de las instituciones tiene una actividad específica, inherente a su quehacer.
Indicó que la actividad de la Policía respecta a la seguridad interna del país, mientras que la actividad de las Fuerzas Armadas tiene que ver con la función de cuidado del territorio y la seguridad externa.
Aclaró que “los militares no tienen dentro de su misión esa consideración del uso progresivo de la fuerza”, la cual explica que es una disposición internacional que el Ecuador recogió de los Tratados Internacionales, específicamente, del VIII Congreso de las Naciones Unidas.
También hizo mención del artículo 164 de la Carta Magna, donde se expresa que el presidente deberá justificar las razones por las que se ha decretado un estado de excepción, situación donde se puede coordinar acciones conjuntas entre fuerzas.
El experto explicó que con este proyecto de ley, las fuerzas podrán omitir el estado de excepción, podrán coordinar acciones conjuntas para controlar la seguridad interna del país, y controlar la seguridad externa debido al supuesto crimen organizado.
Pero lo anterior también da cuenta, según Cáceres, que estas tres fuerzas públicas agrupadas en una estarían “en contra de la Constitución”.
Por otro lado, también aclara que el proyecto de ley resta potestad a la función judicial para que ésta realice las respectivas investigaciones en caso de violación de Derechos Humanos.
Además, de etiquetar al presunto delincuente como delincuente y como una persona carente de derechos. “Habría que plantearse cuál es el organismo que maneja gobernabilidad y seguridad”, dijo Cáceres.
Agregó que hay que separar estos dos puntos para que exista un “control a la institución policial que no puede y no debe utilizar el uso progresivo de la fuerza como lo han querido enarbolar en estos momentos”.
Motivación
“El Gobierno es quien tiene las riendas para dictaminar todas las políticas criminales y adoptarlas para controlar o para poder disminuir los índices de la delincuencia”, sostuvo el analista.
Cáceres explicó que la supuesta motivación del proyecto de ley presentado se basa en los índices de delincuencia y la estadística que muestra que los crímenes se han incrementado.
Además, manifestó que “el país está atravesando una ola de violencia exacerbada por los medios de comunicación” que permiten, de cierta manera, la creación sistemática de un enemigo.
Explicó que, en criminología mediática, la creación de un estereotipo conforma un enemigo y una lucha común.
