Quito, 20 ene (La Calle).- El pasado 18 de enero, a través del Decreto Ejecutivo 327, el presidente Guillermo Lasso anunció la eliminación del impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para la importación de combustibles, incluidos los biocobustibles y el gas natural.
Según la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (ANTEP), la reducción del ISD de 4,75% a 0% para esta actividad, únicamente elimina un posible ingreso para el fisco a cambio de incrementar el margen de ganancia para la empresa privada. Indica también que esto no implica beneficios para el consumidor final, debido a los precios congelados para los derivados del petróleo como el diésel; las gasolinas extra y ecopaís y el gas de uso doméstico.
La asociación explica que tomando en cuenta que la política del Gobierno Nacional busca que el sector privado sea quien importe todos los combustibles que el mercado interno demanda, cuando esto se concrete y comparando con un escenario similar de importaciones al 2021 (enero-noviembre), el Estado no percibirá por concepto de ISD, un estimado de USD 181,78 millones.
“Esta medida, sumada a la libre importación de combustibles para empresas privadas y al congelamiento con el incremento del 90% en el precio del diésel y del 45% para las gasolinas extra y ecopaís, evidencian el lucrativo negocio que significa para los grupos de poder la entrega de la importación y comercialización de los combustibles en el país”, dice la ANTEP.
Reiteran que los trabajadores de la energía denunciaron que la intención de los gobiernos de Moreno y Lasso, nunca fue eliminar un supuesto subsidio a los combustibles y de esta manera aliviar la caja fiscal, su único fin era hacer más lucrativo el negocio de la importación y comercialización de combustibles para el sector privado.
Además, recuerda que los privados que importen combustibles se beneficiarán de la infraestructura de Petroecuador, únicamente a cambio de una tarifa por su renta.
“Confirmamos de esta manera que no existe inversión extranjera o por parte de privados nacionales, sino un aprovechamiento de la inversión del Estado para un negocio privado, a costa del bolsillo de toda la población y la depreciación, costos de mantenimiento y responsabilidad ambiental por la operación de la infraestructura petrolera por parte de la estatal Petroecuador”, sostiene la organización.
