Pamela Benalcázar
Quito 23 dic (La Calle).- Los casos de Lisbeth Baquerizo y de Naomi Arcentales dan cuenta de la decadencia del sistema de justicia y la falta de recursos asignados.
Pese a que se habla de una asignación presupuestaria de 28 millones de dólares al tema Derechos Humanos y de 13 millones para la protección de derechos de la mujer, no se perciben esos recursos, afirma Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de los Derechos Humanos.
Falta de recursos técnicos y financieros
“Varias instituciones dejaron de percibir recursos financieros y estol se traduce en un inoperante sistema de protección de los derechos de los grupos vulnerables. Existen Asociaciones de Protección Civil que tampoco han recibido recursos en 11 meses, ¿De qué viven los niños, adolescentes y mujeres? ¿De la Caridad?”, cuestionó Martínez.
Asimismo, reiteró que más que una crisis económica y sanitaria estamos haciendo frente a una crisis humanitaria. “El caso de Liseth Baquerizo, víctima de femicidio, atestigua que el sistema de justicia actúa bajo presión mediática, esto no es algo nuevo, afirmó.
Insistió en la incapacidad de varias autoridades para ejercer cargos públicos en defensa de los derechos. “Hay una recurrencia en el patrón en operadores de justicia que muchas veces están de lado de los agresores, que son carentes de enfoques de derechos, de los derechos de la niñez”, señaló y enfatizó en que es necesario aplicar un filtro que separe a estos malos elementos del sistema.
Tampoco descartó que estas entidades estén libres de corrupción y que la Fiscalía General del Estado sea cómplice con su silencio. “No quisiera hablar de que la fiscal está protegiendo un agresor (…) pero sí creo que este sistema opera en una mezcla de vergüenza y corrupción”.
Esto lo dice en referencia al caso de Naomi Arcentales, cuya muerte involucra al fiscal de Manabí, Juan Carlos Izquierdo, que agredía constantemente a la joven.
Martínez señaló que es importante unir esfuerzos frente a un Gobierno indolente, que minimiza recursos para la atención prioritaria e ignora la vulneración de los derechos. “Ya es hora de capitalizar la indignación y entender que la voluntad organizada cancela la incertidumbre”, concluyó.
