Quito, 14 sep (La Calle).- Con 75 a favor, 47 en contra y 14 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió la destitución y censura del defensor del Pueblo, Freddy Carrión, por incumplimiento de funciones y falta de probidad para ejercer el cargo.
Los votos afirmativos fueron del Partido Social Cristiano (PSC), la Izquierda Democrática (ID), Creando Oportunidades (CREO) e independientes. La bancada de UNES no apoyó el juicio político. Pachakutik fue quien decidió el destino del defensor.
Sustentación de los interpelantes
Durante el proceso, que se desarrolló este martes, el interpelante de Pachakutik, Ricardo Vanegas, sostuvo que el incumplimiento de funciones ocurrió el 18 de junio, cuando Carrión dispuso a su equipo jurídico que elabore la resolución No 32, que establecía la remoción de la vicedefensora, Zaida Rovira, y el nombramiento de Tania Castillo al cargo.
El documento también indica que por circunstancias de fuerza mayor, que son de conocimiento público, hará uso del derecho a sus vacaciones y de ausencia temporal por el tiempo que demande el esclarecimiento de su situación legal.
Vanegas enfatizó en que Carrión no podía delegar funciones. “Al estar detenido no podía utilizar aparatos tecnológicos o usar su firma electrónica como se hizo. Estas acciones demuestran el incumplimiento de funciones”; dijo.
De igual forma, tanto Vanegas como la segunda interpelante, Yeseña Guamaní, señalaron que el defensor incumplió el toque de queda. el día 16 de mayo, por actividades privadas, que nada tenían que ver con su labor como funcionario público.
Guamaní reiteró que queda en evidencia que usó bienes públicos para quehaceres personales. Vanegas también recalcó que, al ser un servidor público, no podía utilizar el vehículo y escoltas para dirigirse a una reunión social, donde ocurrieron excesos y se registró inconvenientes.
Defensa de Carrión
Por su parte, Carrión argumentó que asistir a una reunión, en la que se encontraría con un exministro de Salud, que tenía información sobre hechos corruptos del gobierno de Moreno, no es incumplimiento de funciones.
Asimismo, explicó que utilizar un vehículo del Estado, usar seguridad y acudir a una reunión, no es incumplimiento de funciones.
Aseguró, que este juicio político y su vinculación a un proceso, por supuesto abuso sexual, es el precio que tiene que pagar por haber denunciado delitos de lesa humanidad, contra un gobierno que estaba en funciones.
Debate en Pleno
Asambleístas independientes como Fernando Villavicencio y César Rohon; otros de la bancada de CREO, como Diego Ordóñez y Ana Belén Cordero, se mantuvieron a favor de la destitución. Asimismo, la bancada de la Izquierda Democrática.
Por otro lado, Salvador Quishpe (PK) y los legisladores de UNES se mantuvieron en contra de la destitución y defendieron el informe de Octubre del 2019.
Aquí las declaraciones más importantes:
