Quito, 14 sep (La Calle).- Asambleístas de la Izquierda Democrática (ID) denunciaron al legislador Eckenner Recalde, de su misma bancada, por presuntos delitos de concusión.
En la denuncia presentada a la Fiscalía General del Estado, los asambleístas reseñan que, el pasado 13 de septiembre, le hicieron llegar un disco al jefe de Bancada de la ID, Alejandro Jaramillo.
Ahí se encontraron dos notas de voz. En la primera se escucha el diálogo que mantienen tres personas, un hombre y dos mujeres. El hombre pide a las otras participantes aportar dinero.
El documento señala que se escucha textualmente: “Yo voy a poner 500, usted 200 Alexandra, y usted Carmita 200. La tesorera va ser la señora Carmita”. Carmen Calderón trabajaría en el despacho de Recalde.
Se manifiesta que ese dinero serviría para abrir una sede política en el sur de la ciudad de Quito. El interlocutor de voz masculina dice: “Mi solidaridad con ustedes tres y nadie nos va a mover de aquí, es bastante dinero para los tres”.
Una de las interlocutoras, luego le pregunta: ¿Cuánto es del Xavier? y él responde: «500».
Según lo expuesto en la denuncia, las participantes en la conversación piden al hombre que los cobros no sean desde junio, sino desde julio. Incluso, en un pasaje de la conversación entre ellas, refieren que desean pedir que les cobren menos
El hombre fue identificado como Darwin Guayaquil Cortez, quién se desempeña como Asesor Nivel 1, en la Asamblea Nacional, vinculado al despacho de Recalde.
Respecto a la segunda grabación, la denuncia indica que se escucha a otro hombre, quién sería el asambleísta, Eckenner Recalde. Él dice: “Patricio ya me dio para que cubra un asunto de la campaña (…) lo de la central del sur debe ir porque debe ir (…) independientemente de que se dé o no se dé, hay que empezar a cobrar”.
A través de un comunicado, emitido este martes, la ID anunció que, ante este hecho, actuarán de acuerdo al código de ética y al estatuto del partido.
También informó de la suscripción de un documento en el que se autorice el levantamiento del sigilo bancario y de los procesos de investigación que existan, de ser el caso, en la Contraloría General del Estado. La intención, según la ID, sería demostrar que sus asambleístas no tienen nada que esconder a la ciudadanía.
