Quito, 19 Jul (La Calle).- El presidente Guillermo Lasso, a través del decreto 122, ratificó el regreso del Ecuador al Relativas a Inversiones de Estados y Nacionales entre otros Estados (CIADI).
“El Pleno de la Corte Constitucional por dictamen resolvió que para la ratificación del CIADI no se requiere de aprobación legislativa ni de dictamen previo vinculante de constitucionalidad. El dictamen es inapelable”, dice parte del decreto.
El país abandonó este Convenio en 2009 frente a la vulneración de derechos constitucionales.
La Constitución ecuatoriana prohíbe “los tratados internacionales en los que el Estado ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional”.
Trato desigual
El regreso al CIADI traerá como consecuencia que Ecuador se someterá a los los arbitrajes internacionales para resolver litigios entre el Estado y transnacionales que soliciten este servicio. Como se conoce, este arbitraje tiende a beneficiar a las empresas grandes y no al Estado como fue el caso de nuestro país hasta 2009. Es más, las empresas pueden nombrar a la mayoría de jueces.
Hasta ese año, (2009) Ecuador enfrentaba en el CIADI un reclamo del pago de USD 12.994 millones, la mayoría presentados por petroleras extranjeras que alegaban incumplimientos contractuales.
Aunque el decreto no eliminó las demandas, si blindaba a la país frente a futuros litigios que impliquen arbitrajes internacionales.
Perenco, una petrolera francesa, solicitó el pago de más de USD 300 millones. Cifra que, de acuerdo con la Procuraduría General del Estado, el país está dispuesto a pagar.
