Quito, 04 abr (La Calle).- El ministro de Economía, Mauricio Pozo, compareció ante este domingo a la Comisión de Régimen Económico para explicar el proyecto de la llamada Ley de Defensa de la Dolarización y Autonomía del Banco Central (BCE), que empezó su discusión desde esta tarde.
«No es porque el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo dice, pero la ley precautelará una de las patas de la mesa que es la liquidez. En la Junta no se puede sentar cualquiera, debe tener una experiencia. La independencia no quiere decir que no responda a nadie sino que actúe como un tercero confiable», dijo Pozo en una de sus intervenciones para responder a las preguntas de los legisladores de la Comisión.
De acuerdo con el funcionario, las reservas deberían cubrir todas las obligaciones del Banco Central (BCE). «Tiene que haber un respaldo para que me entreguen dólares por dólares. El BCE tiene que cubrir con los activos todos los depósitos», aseguró. A juicio de Pozo, un mejor manejo del Banco Central ocurre si agentes externos al gobierno lo presiden.
«El Banco Central técnicamente independiente con un buen directorio va a manejar las reservas. No los banqueros, ni el gobierno», explicó. No obstante, de acuerdo con el proyecto de Ley, los miembros de la junta deben tener experiencia en el sector financiero y serán nombrados por el presidente para los próximos cinco años.
La ley y la historia
La asambleísta Lira Villalba preguntó a Pozo por qué se encuentran similitudes en el proyecto de ley con la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero de 1994 que fraguó el escenario para el Feriado Bancario de 1999.
El ministro dijo que ambos articulados tienen un contexto diferente y no existen similitudes entre ellos. Sin embargo, la ley de 1994 también formuló la creación de Juntas externas al Estado para manejar el sistema financiero, espacio en el que varios exfuncionarios y funcionarios de la banca privada tuvieron espacio.
Al respecto del manejo de la crisis bancaria de 1999, Pozo indicó que quitarle esa responsabilidad al BCE impedirá que se quiera pagar ese daño económico con los recursos del Banco.
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