Paulina Gabriela Mogrovejo Rengel / @pauli_mogrovejo
Abogada de Derechos Humanos
“Cárcel a los corruptos de ayer y de ahora” dijo el entonces candidato de Alianza País, Lenín Moreno, con respecto a la pregunta realizada sobre el combate a la corrupción, en el marco del Diálogo Presidencial 2017. En el encuentro también participaron los candidatos Guillermo Lasso, Cynthia Viteri, Paco Moncayo, Dalo Bucaram, y otros.
Sus palabras fueron consecuentes con la crítica progresista al doble estándar de la ‘partidocracia’ y de las élites económicas, a quienes ese día Moreno acusó de repartirse la justicia, aduanas, SRI, telefónicas y empresas eléctricas.
“Hace diez años (…) el hombre del maletín pululaba por todos los Congresos del Ecuador” dijo ese año, el hoy Presidente del Ecuador.
Irónicamente, casi cuatro años más tarde, su Ministra de Gobierno y principal operadora política, enfrenta el tercer pedido de juicio político por incumplimiento de funciones, en medio de críticas y denuncias por reparto de hospitales, brutalidad policial, atentado a los derechos humanos, violencia contra periodistas. También el tráfico de influencias, abuso de recursos públicos, sobornos en la Asamblea Nacional, falta de independencia judicial, demora en la investigación del caso INA PAPERS, etc.
Desde luego, el actual Presidente, cada vez que puede, hace público su respaldo a la Ministra, a quien define como valiente y decidida, defensora de la democracia y la paz del país.
Moreno lamenta que Romo se vaya, pues pierde a su más efectiva operadora para desmantelar el Estado de Bienestar y dar paso al retorno del Estado neoliberal. Una misión que el Presidente reveló entre líneas, el día del Diálogo Presidencial en 2017.
Ejecutora del retorno neoliberal
María Paula Romo asumió la cartera de Estado en el mes de Agosto de 2018. Un año y tres meses después de que Lenín Moreno asuma el poder.
La coyuntura en ese entonces estaba marcada por la ruptura del actual gobierno con el progresismo local y regional. La designación a dedo de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de plenos poderes. La ilegal destitución de los titulares de los órganos de control como Fiscalía, Superintendencias, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Contraloría. Además, la selección de nuevas autoridades claves: Diana Salazar en la Fiscalía General, Pablo Celi en la Contraloría, Íñigo Salvador como Procurador General, María del Carmen Maldonado en el Consejo de la Judicatura, Elizabeth Cabezas y luego César Litardo en la Asamblea Nacional, y Diana Atamaint en el Consejo Nacional Electoral.
Tras la ruptura con el progresismo, y consumado el cambio de jugadores en los órganos de control, Romo fue convocada por Lenin Moreno para ocupar los cargos de Ministra del Interior y Secretaria de Gestión de la Política encargada. Ambas entidades que luego se fusionaron para regresar al antiguo Ministerio de Gobierno y Policía.
La nueva Ministra debía impulsar la implementación –por la razón o por la fuerza- de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Una agenda encaminada a reducir el tamaño del Estado, despedir masivamente a servidores públicos, eliminar los subsidios a los combustibles. La privatización de sectores estratégicos, el incremento del costo de servicios públicos, asegurar la flexibilización laboral y facilitar la salida de dólares del país con cero impuestos.
Para el efecto, Romo coordinó las acciones requeridas para ejecutar la agenda Moreno-FMI, con las distintas funciones del Estado.
En el legislativo negoció con casi todas las bancadas y logró articular una nueva mayoría. La nueva ‘aplanadora’ aprobó las reformas a la Ley de Comunicación para eliminar la regulación a los medios, reformas al Código de la Democracia para cambiar el método de asignación de escaños, expedición de la Ley de Simplificación Tributaria, Ley de Fomento Productivo y Ley de Apoyo Humanitario, todas estas cuestionadas por su dudosa constitucionalidad.
Dicha mayoría además le perdonó el pésimo manejo de la crisis carcelaria y su escapada a la playa en un helicóptero policial.
Política de la posverdad
Nayef Al-Rodhan, Director de Geopolítica y Futuros Globales Centre for Security Policy (GCSP) en Ginebra, explica que la posverdad es una época de batalla entre los hechos y las mentiras “donde la política prospera rechazando los hechos y el sentido común”
La política de la posverdad, según Rodhan, se fundamenta en un modelo de comunicación sustentado en información que parece verdadera pero que carece de base, pues no se asienta en hechos reales y verificados. La posverdad, señala este filósofo, constituye una amenaza para la democracia.
En esa línea, una de las estrategias de comunicación del gobierno de Moreno ha sido por un lado, negar las evidentes vulneraciones de derechos; y, por otro, presentar información oficial no siempre consecuente con la realidad.
Una prueba es el incidente con Fernando del Rincón de la cadena CNN, quien difundió imágenes de ecuatorianos muertos en las calles, presumiblemente a causa de COVID-19.
Tales imágenes fueron expuestas en Ecuador por ciudadanos y medios digitales a través de las redes sociales, personas que hasta ese momento habían sido cuestionadas por el Gobierno de Moreno como “desestabilizadoras y falsas.”
Por eso, no es de extrañar que la Ministra Romo dedique parte de su tiempo a reuniones con algunos medios de comunicación, en su mayoría privados, con quienes comparte información ‘off the record’, a través de los llamados comités editoriales que se desarrollan a puerta cerrada.
Esto también explica que medios alternativos, sin ninguna base, hayan sido perseguidos y acusados de conspirar con Rusia para fortalecer un ‘golpe de Estado’ mediante la difusión de ‘fake news’.
En ese sentido, las políticas de posverdad en la comunicación de la Ministra, principal vocera de Moreno, y en general del actual Gobierno, pretenden conducir la opinión pública hacia una verdad oficial, que no siempre tiene base. Esto vulnera el derecho ciudadano a recibir información.
Así lo hicieron cuando negaron que existían personas fallecidas y desaparecidas por COVID-19 en las calles de Guayaquil, debido al colapso del sistema de salud, así como el día en que el Ministro de Salud culpó a los médicos de transmitir el virus en los hospitales, o en las afirmaciones usadas por Romo para justificar la brutalidad policial en octubre 2019.
Defensa de la represión policial
En cuanto a la Policía, según el sociólogo alemán Max Weber, esta tiene el monopolio legítimo de la violencia, con el fin de garantizar el orden y la seguridad.
Desde la teoría del Estado, en democracia, la fuerza pública se subordina a las decisiones de la autoridad civil. En la práctica, la autoridad civil concilia. Solo recordemos el conflicto político entre el Gobierno y la Policía de Ecuador, el 30 de septiembre de hace diez años.
En esa línea, Asambleístas del progresismo, de la oposición y organismos como la Defensoría del Pueblo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la ONG internacional Human Rights Watch, cuestionaron el uso desmedido de la fuerza policial en las protestas de Octubre de 2019.
Esta jornada dejó como saldo 13 muertos, más de 1000 heridos, personas que perdieron uno de sus ojos, mujeres embarazadas y mujeres heridas, zonas de paz bombardeadas, médicos agredidos, uso de bombas lacrimógenas caducadas, entre otros. Sin embargo, la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, ha sido una feroz defensora de la actuación policial, justificando su conducta en supuestas actitudes violentas de los manifestantes, y una supuesta tentativa de golpe de Estado; acusaciones que aún
no han sido comprobadas, pero que según Romo justificaron lo que ella llama ‘uso progresivo de la fuerza’.
Por otra parte, la Policía ecuatoriana cuenta con algunas prerrogativas otorgadas por gestión de la Ministra, tales como no ser considerados en la reducción de salarios del sector público, pago puntual de sus sueldos a diferencia de los médicos posgradistas que esperaron seis meses, creación de la Universidad de la Policía, etc.
Tal parece que esta es la forma en que la Ministra concilia y asegura el apoyo de la fuerza pública. Con ello se fortalece el monopolio legítimo de la violencia a favor de las políticas de Moreno.
Esto nos ha quedado claro por la condecoración de la Policía con la orden Gran Cruz del Orden y la Seguridad, concedida a la Ministra en medio del juicio político que enfrenta, casualmente por las malas prácticas policiales en el uso de armas lacrimógenas, durante las protestas de octubre 2019.
Así también, cuando la Policía la apoyó con su presencia, el día de la comparecencia en la Comisión de Fiscalización, en un acto civil y político de control parlamentario.
¿Y ahora?
Con la conducción política de la Ministra Romo, la agenda de transición neoliberal en Ecuador ha cumplido varios hitos: eliminar los subsidios a los combustibles, despedir a 45 mil servidores públicos, desmantelar los servicios públicos, recortar fondo en salud, educación y educación superior, flexibilización laboral y aprobación de reformas en materia económica.
Sin embargo, quedan pendientes algunas tareas que ameritan de su gestión, en el contexto de una Asamblea móvil, que piensa electoralmente.
Queda en carpeta la aprobación del Presupuesto General del Estado 2021, conforme las exigencias del FMI, entregar por ley el Banco Central del Ecuador a favor de la Banca, reformas tributarias para incrementar el IVA y eliminar el impuesto a la salida de divisas, reformar el Código Orgánico Integral Penal, aprobar la Ley de Extinción del Dominio y reformar el límite al gasto público.
Para cerrar, les dejo la reflexión sobre este martes. Una de las principales responsables de la crisis, ahora se encuentra en el banquillo. Pero son los asambleístas quienes decidirán con su voto, si premian o castigan la política del ‘todo vale’.
El Parlamento decidirá con su voto, si legitima o condena, a este Estado fallido que hace espíritu de cuerpo para asegurar la continuidad en la transición neoliberal.
