Por: Sebastián Tamayo Villarroel / @tamayo95se
Con nueve votos a favor, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, dio paso al juicio político en contra de la ministra de gobierno. Entre las causales se encuentra el uso de bombas lacrimógenas caducadas y el ataque a centros de paz, durante la revuelta de octubre de 2019. Desde la audiencia que se llevó acabo, María Paula Romo aclaró varías elementos que los mencionaré a continuación.
Comisión de Fiscalización
Ustedes recordarán a Daniel Mendoza, Eliseo Azuero y al BADI. Hace pocas semanas atrás, resonaba la trama del reparto legislativo, con fines de gobernabilidad, que los antes mencionados señalaban a la ministra de gobierno. En versión anticipada, Mendoza aseguró que cuando hacía caso a las pretensiones del poder ministerial obtenía regalías, y así también, mencionó que, cuando incumplía se le quitaba un porcentaje de su cuota.
Me refiero al caso de Diana Atamaint, según Mendoza, por no apoyar el juicio político de la presidenta del CNE, le habrían arrebatado el control de la ANT de Manabí.
Ahora bien, luego de tres intentos, el juicio político llegará al Pleno de la Asamblea. Pero, como las coincidencias no existen, esto fue posible con Daniel Mendoza preso y Azuero (BADI) fugado.
Policías vs Asambleístas
La puesta en escena de la ministra se caracteriza por mostrar detrás de ella el contingente policial. Así compareció ante la Asamblea, al parecer, es su manera de mostrarse para que todos quienes la observen, sepan que si es con ella es con la policía.
Ahora que la ministra ha perdido el apoyo de la Asamblea, no le queda de otra que respaldarse en sus uniformados, bien pagados, equipados y felices (para sostener la “democracia”). Recordemos que, junto a la Fiscalía, protagonizan allanamientos, persiguen, entre otras especialidades. Quizá, presumo, también entre la alta cúpula exista reparto.
