Por Omar Jaén Lynch / @kelme_boy
Periodista y docente universitario
Recuerdo tanto ese sábado 21 de marzo. El Gobierno nacional anunciaba que Juan Carlos Zevallos asumía la cartera de Salud tras la renuncia de Catalina Andramuño. Mientras la muerte rondaba en el país, sobre todo en Guayaquil, el régimen se deshacía de una carga política, de una figura que se fue pateando al perro.
Para refrescar la memoria, Andramuño dimitió con una carta en la que revelaba que Richard Martínez, ministro de Finanzas y mandamás de la política económica, no había cumplido con las asignaciones correspondientes para enfrentar la pandemia. En buen romance, no se daba la plata para dotar a nuestros médicos, enfermeras y camilleros de las mascarillas y trajes para tratar a pacientes con Covid-19.
Como era de esperarse, tras la carta de Andramuño, las cachiporreras pagas del Gobierno en redes sociales y el coro mediático minimizaron la denuncia hecha por la exministra y no escatimaron en halagos para el nuevo funcionario. Y, en honor a la verdad, la hoja de vida de Zevallos daba esperanzas de tener una mejor respuesta ante la tragedia que avanzaba como tsunami. Pero todo fue una ilusión.
Primer acto
Zevallos, en una de las cadenas nacionales que emitía el Gobierno por la emergencia, apenas dos días después de su posesión lanzó su primera mentira. El ministro afirmaba que llegarían al país 200 mil pruebas de Covid-19 entre el 23 y el 29 de marzo.
Había dos objetivos para esa promesa. El primero, aplacar las críticas por la falta de reacción ante el contagio exponencial que abatía al Ecuador por esos días. Se ofrecían esas pruebas para distribuirlas en Quito y Guayaquil y con eso desarrollar planes de contención. Ni lo uno, ni lo otro.
El segundo objetivo fue político. Andramuño, desbordada por la crisis, días antes de su renuncia había prometido que iban a llegar al país 2 millones de pruebas. Sí, suena a disparate, suena a demagogia en plena pandemia, pero nadie, absolutamente nadie en el Gobierno salió al paso a explicar cómo sería el proceso, si llegarían en partes, en varios meses. Ni el fotogénico Otto Sonnenholzner ni la omnipresente María Paula Romo dijeron algo.
Lo cierto es que en el peor momento de la crisis (las dos últimas semanas de marzo y las dos primeras de abril) nunca llegaron las pruebas. Recién a mediados de mayo empezaron a caer a cuentagotas. Zevallos, recién estrenado, le incumplió al país. Una omisión que -en ese momento- costó la vida de más de 10 mil personas, solo en Guayaquil.
Segundo acto
El pasado 19 de junio, la Asamblea Nacional aprobó la denominada “Ley de Apoyo Humanitaria” que, entre otros temas, contemplaba una suerte de reconocimiento a los servidores de la salud que estuvieron en primera línea durante el peor pico de la pandemia.
El artículo 25 de la normativa establece como excepción, y por esta ocasión, que los trabajadores y profesionales de la salud que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria con un contrato ocasional o nombramiento provisional en cualquier cargo, en algún centro de atención sanitaria de la Red Integral Pública de Salud (RIPS) y sus respectivas redes complementarias, previo concurso de méritos y oposición, se los declarará ganadores del respectivo concurso público y, en consecuencia, se procederá con el otorgamiento inmediato del nombramiento definitivo.
Sin embargo, y a pesar de estar estipulado en la ley, el Gobierno no cumple con los servidores de salud. Peor aún, el propio Zevallos ha salido en medios de comunicación a realizar contorsiones para eludir la responsabilidad de contratar a ese personal. Y eso que fue el mismo régimen el que envió el proyecto al Parlamento.
Quizás el momento más repugnante fue cuando la Policía Nacional, a cargo de María Paula Romo, trató como delincuentes a los médicos posgradistas que exigían sus derechos. Los policías repartieron gases lacrimógenos -habrá que ver si estaban caducados- y tolete. Luego vendrían unas disculpas a regañadientes de encargado policial en la capital, pero ni una palabra por parte de Romo o de Zevallos. Primero héroes, luego gaseados en las calles.
Tercer acto
“El personal sanitario que fue contagiado (por el coronavirus) y que murió, no contrajo el virus en los hospitales sino en el ámbito social y el personal mismo llevó la enfermedad a los hospitales, obviamente sin mala intención, pero en total desconocimiento de cuáles eran las normas para protegerse”. Más que conocidas las últimas declaraciones de Zevallos. No es la primera vez, ya en abril pasado había afirmado algo similar para un medio internacional.
El miércoles 28 de octubre, flanqueado junto a Juan Sebastián Roldán y Jorge Wated, el Ministro de Salud no corrigió su afirmación, al contario, la sostuvo y aseguró que lo “descontextualizaron” con “fines electoreros” (SIC). Luego remató publicando en sus redes sociales, las ‘verdaderas’ declaraciones dadas a TC Televisión. Más ridículo. Con esa, ‘aclaración’ solo se embarró más.
Señor Zevallos, demuestre al país que fue el personal médico el que llevó el virus a los hospitales. Y hágalo de un manera académica, científica, propia de su formación profesional. Si no tiene cómo sustentar su afirmación, baje la soberbia y pida perdón a sus colegas y a las familias de doctores, enfermeras, camilleros, auxiliares, posgradistas, conductores de ambulancias que murieron o que padecieron/padecen Covid-19.
Le pido que se disculpe, porque dudo que tenga el decoro de renunciar. No queremos más actos infames. Tampoco más insultos a quienes arriesgan su vida en los hospitales. No queremos más agravios a un pueblo que muere en silencio.
