Quito, 15 ago (La Calle).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Ecuador por la impunidad en el caso de Paola Guzmán, una adolescente que sufrió abuso sexual en una institución educativa fiscal de Guayaquil. Paola se suicidó en el 2002 y la justicia ecuatoriana no dictó prisión preventiva en contra de su agresor. Cuando se decidió a hacerlo, el sujeto escapó. El caso prescribió y no se hizo justicia hasta el pasado 14 de agosto.
“La Corte reconoció que el derecho a la educación contempla la educación sexual y reproductiva. A Paola no se le garantizó este derecho lo que, justamente, no le permitió comprender y denunciar la violencia sexual que sufrió. Además, exigió al Estado iniciar acciones de reparación y no repetición de manera inmediata, que serán supervisadas por ella misma, la cuales incluyen fortalecer medidas para prevenir la violencia sexual en contextos educativos”, reza el comunicado del Centro de Derechos Reproductivos y el Centro Ecuatoriano para la Acción y Promoción de la Mujer CEPAM-Guayaquil.
La Corte dispone que el Estado instaure medidas y protocolos a seguir para este tipo de casos porque, a pesar de que los menores sufren estos abusos todos los días, el Estado ha demostrado no tener la voluntad de protegerlos. Esta falta de voluntad se refleja en cada hecho ocurrido desde el 2001, cuando Paola empezó a sufrir los abusos.
La cadena de impunidad en el caso de Paola Guzmán
- Paola no era la primera víctima de Bolívar Espín, el entonces vicerrector. Más estudiantes fueron trasladadas a otros colegios por su acoso e incluso una profesora denunció ataques en su contra.
- Cuando Paola se dio cuenta de que estaba embarazada de su violador, se vio obligada a abortar. El médico de la propia institución realizó el procedimiento, solo después de abusar de ella también.
- En 2002, Paola decide ingerir fósforo blanco (o diablillos) y acabar con su vida. Sus compañeros pidieron ayuda en la enfermería de la institución, pero no hicieron nada. Ni siquiera llamaron a su madre. Una alumna se comunicó con ella y fue trasladada al hospital, pero no lograron salvarla.
- Petita Albarracín, madre de Paola, empezó la dura tarea de buscar un abogado que se haga cargo de su caso. El Estado la abandonó después de haber perdido a su hija y sin recursos para lograr justicia.
- Cuando consiguió ayuda para seguir el proceso, en 2003, solicitó prisión preventiva contra Bolívar Espín pero el juez negó el pedido. Cuando la función judicial decidió dictar esta medida, un año después, el violador escapó y no se presentó hasta que el caso prescribió.
- Medios nacionales describían el hecho como una ‘relación sentimental’ que terminó en el suicidio de la menor por ‘decepción amorosa’.
- Ante la inacción de las autoridades, en 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se hace cargo del caso. El Estado ecuatoriano pide disculpas a la madre y la hermana de Paola, pero no se responsabiliza por los hechos.
El fallo de la Corte
La CEPAM considera un hecho histórico la condena de la CIDH contra el Estado ecuatoriano. La Corte determinó que no se protegió la vida, la integridad y la educación de Paola y que los menores están expuestos al abuso sexual, en parte, por la falta de educación sexual y reproductiva.
Lita Martínez, directora ejecutiva de CEPAM-Guayaquil asegura que, en este momento, corresponde a las “organizaciones sociales continuar con el seguimiento a la implementación de la sentencia que ha vencido la impunidad e injusticia en contra de Paola”.
Por su parte, Petita Albarracín asegura: “Sé que no la tendré más conmigo, pero me queda la tranquilidad de que su muerte no será en vano, pues con esta sentencia los agresores no serán encubiertos nunca más. ¡Por fin se hizo justicia para mi Paola!
El camino que queda por recorrer
Hace 18 años Paola perdió la vida por la indolencia de todo un Estado. Pero cada día niños, niñas, adolescentes, mujeres adultas y ancianas mueren por delitos sexuales. Ante esto, nuestro deber como medios de comunicación es instruirnos y dejar de pretender ser portaestandartes de la “objetividad” para ser voceros de la vida y la justicia. Es imperativo parar de justificar a los abusadores con titulares, por lo menos, canallas.
Y como ciudadanos, nuestro deber es unirnos a la vigilia de las acciones del Estado de hoy en adelante. A la lucha de las madres, de las hermanas, las amigas. A la lucha de hombres y mujeres que quieren romper la maldición de una sociedad que enseña a niños y niñas a obedecer a los adultos sin importar su opinión. Que les prepara para sentirse culpables de cualquier abuso. Una sociedad que les obliga a callar y le allana el camino al Estado, quien es el que, finalmente, les pone una mordaza.
