Quito, 13 de agosto (La Calle).- La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga un supuesto delito de peculado en el Hospital General de Manta. Fruto de esa indagación, allanó un inmueble en Quito la noche del miércoles 12 de agosto.
Según la FGE, el allanamiento gira en torno a la investigación abierta contra Galo C. y Luis C. La adquisición irregular de insumos médicos, amparada en el estado de excepción y ejercida por un ex funcionario del Hospital General de Manta, abrió la sospecha del supuesto delito de peculado.
Según la FGE, tras la desvinculación del funcionario, estos insumos fueron comercializados en Quito. Como parte de la operación, se incautaron teléfonos celulares, equipos tecnológicos y mascarillas. Para la investigación, contrastarán los insumos con los que reposan en las bodegas del Hospital General de Manta.
¿Las pruebas?
El caso se fundamenta en un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), donde se confirman movimientos bancarios de Galo C. por, al menos, USD 100.000. Un informe del Servicio de Rentas Internas (SRI) señala que no se logró determinar los proveedores o clientes del ciudadano en cuestión.
El precedente: desregularización de las compras públicas
En marzo del 2020, el ejecutivo reformó la Ley Órganica del Sistema de Contratación Pública. Las nuevas disposiciones permiten que, una vez declarado el estado de excepción, los contratos puedan obviar procedimientos habituales de control y respondan ante la emergencia. Esto da carta abierta a la desregularización de las compras públicas y, por tanto, no sorprende que la corrupción haya buscado su espacio.
Ahora, el numeral 2 del artículo 361 de la ley simplemente sugiere que: «la entidad contratante procurará que la compra emergente sea a través de una selección de proveedores de forma ágil, inmediata, rápida, transparente y sencilla, buscando obtener los mejores costos según la naturaleza del bien, servicio, consultoría u obra». (JBS)
