Quito, 2 jul (La Calle).- Gustavo Dávila, presidente de la Alianza Nacional por la Salud (ANS), exige declarar en emergencia inmediata el sistema público de salud. «No existen recursos para atención médica, insumos básicos ni salarios dignos», denuncia. Hospitales enfrentan desabastecimiento crónico, paralización de servicios y un colapso que gremios médicos califican de «crisis humanitaria ignorada».
La voz de Yesenia Vásquez, paciente oncológica, rompe el silencio: «Nos endeudamos para sobrevivir». Siete meses sin medicamentos ni insumos en el sistema público la obligan a financiar su tratamiento. Su caso refleja una realidad escalofriante: miles de pacientes ahora pagan exámenes, cirugías y terapias mientras los hospitales vacían sus estantes.
Ley amenaza derechos gremiales
La Federación Médica Ecuatoriana (FME) acusa a la nueva Ley de Integridad Pública de violar la Constitución. Mariana Narváez, representante de FAPERPISEC, anunció una demanda ante la Corte Constitucional porque atentaría contra libertad de asociación y autonomía gremial. Manifestó que es control político disfrazado de transparencia.
“Aquí hemos venido a denunciar la ineficacia, la ineptitud de las autoridades de la salud, el ministro del Interior y de Defensa salen todos los días a decir que han tenido logros atrapando pandilleros mientras el ministro de Salud y el director Nacional de Salud del IESS, brillan por su ausencia, aquí hay pacientes que están en riesgo de morir y eso no aparece en la prensa, desde hace tres meses nos tienen mendigando los inmunosupresores” dijo el Doctor Néstor Jaramillo sumándose a la denuncia.