Quito, 28 de junio (La Calle).- La celebración de un “capo” recapturado, mientras el país colapsa en medio de una crisis estructural. El gobierno de Daniel Noboa ha convertido el operativo de 18 meses tras Alias ‘Fito’ en su mayor acto de publicidad que, en realidad, parecería un distractor para ocultar una serie de decisiones políticas que agravan aún más la situación del país. El discurso oficial insiste en que las recientes leyes han cambiado el crimen organizado, sin embargo esta narrativa se construye al mismo tiempo que se eliminan derechos, se desmantelan instituciones públicas y se endeuda aún más a las futuras generaciones.
La inseguridad no ha sido resuelta
Aunque el presidente de la República afirmó en medios internacionales que los niveles de violencia en Ecuador han disminuido, la realidad que vive la ciudadanía a diario refleja todo lo contrario. La supuesta “reducción” de homicidios no se traduce en tranquilidad ni en que “algo maravilloso y mágico está ocurriendo”, porque el crimen organizado no se combate con actos publicitarios de aprehensiones ni tranques de guerra en las calles, sino con políticas sociales profundas, con acceso a oportunidades y con un Estado que no abandone a los más vulnerables.
Más deuda, menos soberanía
Mientras se distrae a la opinión pública con operativos y discursos de “orden”, se sigue comprometiendo al país con organismos multilaterales. Ecuador acumula ya una deuda alarmante con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y los últimos préstamos aprobados, que suman cientos de millones de dólares, se están destinando a reforzar aparatos represivos en lugar de fortalecer el tejido social.
El disfraz del autoritarismo
Las tres leyes, recientemente aprobadas, han sido presentadas como un mecanismo moderno para combatir la corrupción y eficientar el Estado. Sin embargo, en la práctica, se convierte en una herramienta peligrosa para consolidar un modelo autoritario, centralizador y excluyente. Más allá de fortalecer la institucionalidad, reduce los controles previos en la contratación pública y elimina garantías constitucionales fundamentales.
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Finalmente, la recaptura de Alias ‘Fito’ no debe confundirse con un verdadero avance en seguridad, sino entenderse como parte de una estrategia política que utiliza el miedo para justificar retrocesos estructurales.