Quito, 16 abr (La Calle).- En una serie de denuncias y procedimientos legales que se han ido acrecentando en los últimos días, el Alcalde Pabel Muñoz enfrenta un nuevo altercado por presunta violencia política de género. Previo a la denuncia de la ciudadana Patricia Herrera, el burgomaestre ha sido objetivo de varios procesos que han buscado generar impacto en la gestión municipal.
Desde la asunción del municipio capitalino en mayo de 2023, el Alcalde se ha enfrentado a críticas y procesos que buscan removerlo del cargo. Pese a esto, según indica Muñoz, ha logrado una inversión de USD 1.300 millones en obras públicas para la ciudad.
Controversias
En marzo de 2024, el ex vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Juan Guarderas, buscó la destitución y el retiro de los derechos políticos del alcalde. Acusándolo de actos proselitistas en favor de la ex candidata presidencial, Luisa González, en el contexto de las elecciones generales de 2023.
Tras el fallo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Pabel asumió la multa por USD 9.200, y pidió disculpas públicas. Sin embargo, el 14 de mayo, pese a que la normativa prohíbe una doble sanción por la misma falta, el TCE autorizó la entrega de formularios al Colectivo “Chao Pabel”, para la recolección de 205.636 firmas. Mismas con las que se convocaría a un referéndum en donde la ciudadanía decidiría la continuidad de Muñoz.
El pasado 31 de marzo la nueva flota de trolebuses eléctricos entró en operación. Sesenta buses fueron comprados a la empresa Yutong. Sin embargo 14 de ellos se irían sumando luego de pasar por aduana, lo que ocasionó otra de las polémicas que encara el burgomaestre. El Concejal Michael Aulestia denunció una supuesta “falta de transparencia” en los costos de los trolebuses. Con esto solicitó que los vehículos puedan operar a partir de la resolución de los problemas administrativos. El pasado 15 de abril, el concejal Andrés Campaña informó sobre la autorización de acciones de control desde la Contraloría.
En esta ocasión, la ciudadana Patricia Herrera impuso una nueva denuncia al Alcalde en calidad de presidente del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. El juez Ángel Torres sería el asignado para evaluar la admisibilidad del supuesto caso de ”violencia política de género” del cual no se conocen mayores detalles. (S.O)
