Quito, 4 de mar (La Calle).– La adjudicación del Campo Sacha a un consorcio extranjero ha desatado una ola de críticas desde diversos sectores políticos, sindicales y sociales, que advierten sobre un posible despojo de los recursos estratégicos del país bajo la figura de una «delegación operativa».
El acuerdo, otorgado sin concurso público al consorcio Sinopetrol—conformado por las empresas Petrolia (filial de la canadiense New Stratus Energy) y Amodaimi (filial de la china Tiptop, subsidiaria de Sinopec)—implica que el Estado ecuatoriano pasará de recibir el 100% del petróleo extraído en Sacha a una participación mínima del 12,5% cuando el precio del barril de WTI se sitúe en hasta USD 62. Solo en un escenario extraordinario, con el crudo a USD 120 por barril, la participación estatal llegaría al 26,5%.
Contradicciones
Las contradicciones entre las versiones oficiales también han generado controversia. Mientras el gobierno sostiene que la concesión garantizará mayor eficiencia y producción, datos del propio Ministerio de Energía y la ANTEP indican que Sacha ha mantenido niveles óptimos de extracción sin necesidad de intervención privada.
También se prometió que la adjudicación no afectaría la estabilidad laboral de los trabajadores, aunque sindicatos han denunciado despidos y precarización inminente.
El pasado 3 de marzo el viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira habló de nuevos porcentajes de participación, pese a que las actas de negociación se cerraron en enero de 2025. El funcionario manifestó que se acordó una participación del Estado de 19% cuando el precio del barril de petróleo sea de USD 30 o menos, es decir, de cada 100 barriles ahora el Estado se llevará 19 barriles y el consorcio extranjero se llevaría la mayor parte, 81 barriles.
Por otro lado, si el precio del petróleo sube por encima de los USD 30 por barril esa participación irá subiendo de manera progresiva, pero tendrá que alcanzar un precio extraordinario de USD 120 por barril para que el Estado pueda llevarse una participación de hasta el 26% del volumen de petróleo que se extrae del campo, y el resto, que es la mayor parte o el 73,5% se llevará la compañía.
Sindicatos en contra
La Asociación de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (ANTEP) calificó la adjudicación como una «estafa disfrazada de inversión extranjera», advirtiendo que el acuerdo representa un perjuicio para el país. Según la organización, Petrolia financiará sus inversiones con el crudo ecuatoriano y con deudas que serán saldadas con recursos nacionales, lo que desmiente el supuesto aporte de capital privado y revela un esquema de privatización encubierta.
Desde el gobierno, la ministra de Energía, Inés Manzano, ha defendido el proceso asegurando que el acuerdo permitirá modernizar la infraestructura del campo sin que el Estado ecuatoriano invierta un solo dólar. Sin embargo, expertos en el sector cuestionan esta narrativa, señalando que la delegación genera una pérdida sustancial de ingresos para el país y atenta contra la soberanía petrolera. Además, han señalado que las cifras oficiales sobre los beneficios de la concesión han variado constantemente, lo que ha incrementado la desconfianza en la transparencia del proceso.
Otra polémica se generó cuando Manzano calificó a Sacha como una «joya oxidada», justificando así la necesidad de la adjudicación. Sin embargo, ANTEP refutó esta declaración, recordando que el campo ha logrado incrementar su producción a 77.191 barriles diarios gracias a inversiones estatales, un rendimiento que no ha sido igualado por otros proyectos privados en el país.
Asimismo, señaló irregularidades en la supuesta invitación a empresas estatales para participar en la adjudicación, ya que no existen registros oficiales de estas ofertas en el acuerdo ministerial. Además, se cuestiona que la firma del contrato haya sido delegada al viceministro Guillermo Ferreira en lugar de ser suscrito directamente por la ministra Manzano, lo que es interpretado por críticos como una maniobra para diluir responsabilidades políticas.
