Quito, 28 feb (La Calle).- Ecuador cerró el 2024 con una tasa de homicidios de 38.8 por cada 100.000 habitantes, según el último informe de Insight Crime. El dato refleja un incremento alarmante frente a los 8.5 registrados en 2022 y consolida al país como uno de los epicentros de la crisis de seguridad en América Latina, impulsada por el narcotráfico, el control territorial de grupos criminales y una frágil respuesta estatal.
Pese al registro de una reducción del 12,8% en el número de homicidios en comparación con 2023, el país vivió su segundo año más violento en la historia, incluso, supera a Venezuela, una nación que registra una tasa de homicidios del 26.2%.
El reporte destaca que la escalada de violencia está directamente vinculada al rol estratégico de Ecuador en el tráfico internacional de cocaína. Con puertos clave como Guayaquil y una frontera porosa con Colombia, el país se ha convertido en un corredor crítico para carteles mexicanos, albano-kosovares y grupos mafiosos europeos. Organizaciones locales como Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones libran una guerra por el control de rutas, mientras disputan mercados de droga, extorsión y contratos para asesinatos.
La fragmentación de estos grupos —agravada tras el asesinato del líder de Los Choneros, Jorge Luis Zambrano («Rasquiña»), en 2020— ha multiplicado las masacres y ajustes de cuentas. Solo en Guayaquil, Esmeraldas y Manabí, zonas con alta presencia criminal, se concentra el 60% de los homicidios.
Crisis carcelaria: Polvorines de violencia
Las prisiones ecuatorianas, descritas como «centros de operación criminal», continúan siendo escenario de masacres recurrentes. Entre 2021 y 2024, más de 500 reclusos han muerto en motines y enfrentamientos, muchos ordenados desde dentro por líderes que manejan redes de narcotráfico y corrupción. El hacinamiento (134% de sobrepoblación) y la infiltración de armas y drogas en los penales agravan el panorama.
Respuesta estatal: ¿Militarización sin resultados?
El gobierno del presidente Daniel Noboa ha respondido con estados de excepción, despliegue militar y toques de queda, especialmente en la costa. Sin embargo, expertos citados por Insight Crime cuestionan la eficacia de estas medidas: la violencia se ha expandido a ciudades medias y áreas rurales, mientras persisten denuncias de abusos policiales y complicidad de funcionarios con el crimen organizado.
«Ecuador está repitiendo errores de otros países: militarizar sin atacar el financiamiento del crimen o la corrupción judicial. Sin inteligencia ni cooperación regional, esto es insostenible«, advierte Ana Ruiz, analista de seguridad consultada para el informe.
Desafíos y proyecciones
El informe alerta sobre tres riesgos inminentes:
- La posible alianza de grupos locales con carteles internacionales, como el CJNG mexicano.
- El uso de Ecuador como centro logístico para lavado de activos y producción de drogas sintéticas.
- El impacto socioeconómico en una población donde el 27% vive en pobreza, factor de reclutamiento criminal.
