Quito, 3 de feb (La Calle).- La firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Ecuador y Canadá generó un rechazo por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) que advierten sobre sus posibles repercusiones en la soberanía del país y en los territorios ancestrales.
«Después de meses de intensas negociaciones, nuestro gobierno ha conseguido lo que ningún otro: Ecuador tendrá un acuerdo comercial con Canadá. Este no es solo un tratado, es una victoria para nuestro país. Es una puerta abierta a nuevas oportunidades, más inversión y empleo para miles de ecuatorianos», anunció el presidente-candidato Daniel Noboa.
Según sectores opositores al acuerdo, el TLC favorecería principalmente a las empresas mineras canadienses y a grupos económicos con intereses en la industria extractiva, entre ellos el Grupo Nobis, vinculado a la familia presidencial. Adventus Mining, compañía con participación de este conglomerado, ha sido señalada por operar en zonas indígenas sin la debida consulta previa, generando conflictos territoriales y denuncias por daños ambientales.
Líderes indígenas han expresado su preocupación ante la posibilidad de que el acuerdo facilite la expansión de proyectos extractivos sin garantías de transparencia ni mecanismos adecuados de consulta. Argumentan que esto podría afectar a sectores productivos clave, impactando a agricultores y comunidades que dependen de los recursos naturales para su sustento. Además, criticaron la falta de acceso a información pública durante el proceso de negociación.
Contexto
En octubre de 2024, una delegación de la Conaie, encabezada por su vicepresidenta Zenaida Yasacama, viajó a Canadá para exponer ante organismos internacionales los impactos de la actividad minera en territorios indígenas y campesinos. Durante su visita, denunciaron la falta de respeto a los derechos de las comunidades, así como casos de despojo de tierras, contaminación del agua y criminalización de defensores ambientales.
Las organizaciones indígenas han reafirmado su compromiso de defender sus territorios y la naturaleza ante la expansión minera, rechazando cualquier acuerdo que, según afirman, priorice intereses extranjeros sobre los derechos de las comunidades locales.
