En Ecuador, la Corte Constitucional se ha convertido en el escenario donde se resuelven los conflictos que la clase política, por interés o inacción, no aborda de manera efectiva. En lugar de ser el organismo que se enfoque exclusivamente en la defensa de los principios constitucionales y los derechos fundamentales, ha terminado resolviendo controversias que trascienden su función jurídica para convertirse en cuestiones políticas, sociales y éticas.
Este fenómeno refleja un problema estructural: la tendencia de los actores políticos a interpretar las leyes y la Constitución según sus conveniencias. Lo que debería ser claro y taxativo se retuerce y se dilata bajo la influencia de intereses particulares, dejando a la Corte como la última instancia para resolver incluso los temas más obvios. Ejemplos recientes como el matrimonio igualitario, el aborto en casos de violación o los derechos de los animales evidencian cómo este organismo ha asumido un rol que debería recaer en otras instituciones del Estado.
Sin embargo, mientras la Corte se ve sobrecargada con estas responsabilidades, muchos otros casos, de igual o mayor importancia, permanecen en espera de resolución. Este retraso no solo afecta la percepción de la justicia, sino que también perpetúa la incertidumbre para sectores de la población que dependen de respuestas claras y oportunas. En este contexto, la Corte no puede demorar en cumplir con lo que la Constitución manda, especialmente cuando los derechos de las personas están en juego.
La judicialización de los problemas políticos en Ecuador no solo pone en evidencia la debilidad institucional del país, sino también la necesidad urgente de que la Corte actúe con mayor rapidez y eficacia. Su rol como garante de la Constitución no debería limitarse a resolver lo que otros eluden, sino también a responder con prontitud a los temas que afectan directamente a la ciudadanía.
Si bien es crucial que la Corte Constitucional actúe como un contrapeso frente a los abusos o interpretaciones erróneas del poder político, es igualmente importante que otras instituciones del Estado asuman con responsabilidad sus competencias. El fortalecimiento de la institucionalidad en Ecuador requiere un compromiso colectivo para que la ley y la Constitución dejen de ser instrumentos elásticos y recuperen su carácter de normas claras y respetadas.
En un momento en que la democracia ecuatoriana enfrenta desafíos críticos, es imperativo que tanto la Corte como el resto de las instituciones cumplan con su deber de proteger los derechos de las personas y garantizar la estabilidad institucional. Solo así será posible superar la crisis de confianza que aqueja al sistema político y judicial del país.
