Quito, 07 ene (La Calle).- Más de 40 organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado su enérgico rechazo ante las recientes declaraciones del ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, respecto al caso de los niños asesinados en Guayaquil.
El comunicado enfatiza que en lugar de reconocer la gravedad de los hechos, Loffredo declaró en una rueda de prensa que la jueza Tanya Loor, quien dictaminó la desaparición forzada, había actuado “de manera injusta” y fuera de sus competencias legales.
Pronunciamiento de las organizaciones
En respuesta, las organizaciones firmantes emitieron un comunicado rechazando las declaraciones del funcionario señalando que constituyen un intento por obstaculizar la justicia y generar impunidad. Estos son los puntos más destacados:
- Condenan las “falsas disculpas públicas” ofrecidas por Loffredo, calificándolas como un intento por evadir la responsabilidad estatal en la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de los menores.
- Rechazan la impugnación de la sentencia de hábeas corpus realizada por el Ministerio del Interior, considerando que busca desviar la atención de la responsabilidad estatal.
- Denuncian la persecución política contra la jueza Loor, afirmando que se vulnera la independencia judicial y el Estado de Derecho.
- Advierten sobre los riesgos de las políticas de militarización en la seguridad ciudadana, que han derivado en graves violaciones a los derechos humanos.
- Reiteran su compromiso de acompañar a las familias de las víctimas en su búsqueda de verdad, justicia y reparación.
Además, hicieron un llamado a la comunidad internacional y a organismos de derechos humanos para que vigilen el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Ecuador en materia de derechos humanos.
Contexto
El 8 de diciembre de 2024, dos camionetas de las Fuerzas Armadas interceptaron a los niños y adolescentes que regresaban de jugar fútbol cerca del barrio de Las Malvinas, al sur de Guayaquil. Según las investigaciones, Josué Arroyo (14 años), Ismael Arroyo (15 años), Saúl Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años) fueron detenidos arbitrariamente, incomunicados y abandonados a 50 kilómetros del lugar de su detención.
El 24 de diciembre, la justicia constitucional determinó que los hechos constituían desaparición forzada y ordenó medidas de reparación. Ese mismo día, se hallaron restos incinerados e irreconocibles en el río Taura, confirmándose el 31 de diciembre, mediante pruebas de ADN, que los cuerpos correspondían a los menores.
“Esta injusticia en contra de las Fuerzas Armadas fue cometida por una jueza en materia constitucional declarando la existencia de una desaparición forzada, a pesar de que no tenía capacidad ni facultad legal alguna para hacerlo”, subrayó el ministro, quien también anunció una investigación contra el uso del discurso de derechos humanos como un aparente instrumento de persecución política.
Por su parte, la ministra del Interior, Mónica Palencia, también criticó el dictamen de la jueza y amenazó con acciones legales por dañar la “imagen institucional” del Ministerio de Defensa.
Contexto legal e impacto
El dictamen de la jueza Loor reconoce que la desaparición forzada comenzó con la detención y posterior incomunicación de los menores, en concordancia con los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sentencia incluye medidas de reparación, como disculpas públicas y la garantía de no repetición.
Sin embargo, las declaraciones de Loffredo y Palencia han generado críticas nacionales e internacionales, pues son vistas como intentos de desacreditar el sistema judicial y debilitar los mecanismos de protección de derechos humanos.
