Quito, 19 dic (La Calle).- La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, realizó un pedido de información al fiscal subrogante, Wilson Toainga, sobre la ausencia de la fiscal general Diana Salazar y los procesos que tenía a su cargo.
«He solicitado a la Fiscalía que indique si la señora Diana Salazar se encuentra en el país, ¿bajo qué figura de licencia o permiso se encontraría ausente?, y ¿quién está sustanciando las causas que se encontraban a su cargo?», dijo en redes sociales.
Esta solicitud surge tras la negativa del fiscal Toainga de asistir a la mesa parlamentaria en el marco de la fiscalización a la filtración de los chats del excandidato presidencial Fernando Villavicencio (+), en los cuales se revelan tramas de corrupción que involucrarían a Salazar.
Toainga se excusó de asistir a la Asamblea por la reserva del caso. Advirtió que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece penas de prisión de uno a tres años para quienes divulguen información restringida. Además, señaló que, una vez iniciada la investigación previa, está prohibido abordar estos temas en una mesa técnica.
“En este momento, hacer lo contrario sería inducir a quienes comparezcan a la mesa técnica a revelar información que es de interés en el ámbito penal”, expresó Toainga en el documento.
El fiscal también informó que la investigación previa, relacionada con los supuestos chats, comenzó el pasado 27 de noviembre. Como parte de este proceso, se han planificado varias actividades investigativas, entre ellas, la recepción de versiones de asambleístas que, en calidad de terceros, podrían tener conocimiento de los hechos.
El paradero de Salazar
Anteriormente, Fiscalía informó a un medio de comunicación que la fiscal Diana Salazar se encuentra con licencia, y que Wilson Toainga ocupa el cargo de forma subrogante. Según la institución, la ubicación de Salazar es reservada por motivos de seguridad.
La licencia de Salazar ocurre mientras culmina su período de gestión, previsto para abril de 2025. Actualmente, se encuentra en un embarazo de alto riesgo, lo que motivó la suspensión temporal de su juicio político en la Asamblea Nacional.
El proceso para designar al próximo fiscal general está en marcha, pero podrían surgir retrasos que lleven a una prórroga, como lo establece el artículo 283 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ). Según esta normativa, el periodo de un fiscal general es de seis años, sin reelección, y de no designarse un reemplazo a tiempo, la autoridad puede mantenerse en funciones prorrogadas hasta que se nombre al sucesor.
La Fiscalía no ha especificado cuánto tiempo durará la licencia de Diana Salazar ni ha dado detalles adicionales sobre su estado de salud.
