Quito, 10 dic (La Calle).- La decisión del presidente Daniel Noboa de promulgar la denominada «Ley Antipillos», ha desatado un fuerte enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional por la legalidad de esta decisión.
El pasado 27 de noviembre el Parlamento archivó este proyecto de ley en primer debate con los votos afirmativos de las bancadas de la Revolución Ciudadana (RC), Partido Social Cristiano (PSC) y Construye, quienes argumentaron que la iniciativa del gobierno solo incrementaba impuestos a la ciudadanía.
¿Cómo se excusa el gobierno?
Pese a la resolución ya establecida, el Ejecutivo envió directamente su propuesta al Registro Oficial para su posterior publicación. Según su justificación, los proyectos económicos urgentes, como este, solo pueden ser archivados en un segundo debate en el pleno, instancia que no se alcanzó en este caso.
«Lo que el presidente Daniel Noboa ha hecho es respetar la Constitución y al no tener un pronunciamiento de la Asamblea en segundo debate sobre la Ley Antipillos , envió el proyecto al Ministerio de la Ley» dijo la asambleísta Inés Alarcón. Además manifestó que el Ejecutivo actuó de manera correcta al no dejar que el proyecto quedara en el limbo legislativo.
Respuesta de la Asamblea
Por otro lado, la Asamblea Nacional ha mantenido su rechazo a la promulgación. En un comunicado oficial, el Legislativo aseguró que el archivo se realizó en cumplimiento estricto del artículo 140 de la Constitución, que establece que los proyectos de esta naturaleza deben seguir el mismo procedimiento que los ordinarios, salvo en los plazos.
También citó el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que faculta al pleno a archivar propuestas legales en primera instancia. Desde el 2014 se han archivado 52 proyectos ordinarios, según cita el comunicado.
¿Porqué la Asamblea se opuso a Ley Antipillos?
La preocupación radica en los posibles efectos de la «Ley Antipillos», destacando que incluye medidas como un impuesto a la venta de vehículos usados, una medida que afectaría negativamente la economía de los ciudadanos.
Aunque el Gobierno asegura que la norma busca combatir el lavado de activos y mejorar la recaudación fiscal, críticos advierten que algunas disposiciones, como el mencionado impuesto, podrían generar un impacto adverso en ciertos sectores económicos, agravando las dificultades actuales de los ciudadanos.
La polémica por la «Ley Antipillos» refleja las tensiones entre los dos principales poderes del Estado y deja en evidencia la necesidad de mayor claridad y consenso en el manejo de proyectos legislativos de alta relevancia.
