Por: Jackie Herrera
El comunicado del Banco Central del Ecuador (BCE), emitido en horas de la tarde del 30 de septiembre, sorprendió al país con el decrecimiento del 2,2% en el Producto Interno Bruto para el segundo semestre de este año. Esta, que sería la caída más fuerte que ha tenido nuestra economía desde el primer trimestre del 2021 (5,2%) a raíz de la emergencia sanitaria COVID-19, se debe a varios factores derivados de la gestión del actual gobierno. Según el BCE, el comportamiento económico del país mostró esta contracción por el incremento al 15% del IVA, vigente desde el 01 de abril, que provocó una disminución de las ventas internas al 11% y una caída del consumo de los hogares al 2,2% por la baja demanda en los productos textiles y del calzado, y en los servicios de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida.
Otros factores están relacionados con las contracciones interanuales de la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF), reducidas al 8,2% por la contracción del 17,2% en el sector de la construcción, que constituye alrededor del 44% del componente; así como por el gasto de gobierno del 0,6%. Esto, a pesar de las variaciones anuales positivas en las exportaciones que incrementaron en un 1,9% y el 0,2% de las importaciones, más los préstamos o “asistencia técnica” brindada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) entre julio y septiembre del presente año. Si a esto sumamos las crisis energética y de seguridad ciudadana, la situación económica empeora aún más.
Según la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (CAPEIPI), el 80% de la generación de empleo se ve afectada por los cortes programados de electricidad en horarios laborales. El sector productivo ha cuestionado sobre los cambios de horarios en los cortes y la falta de cumplimiento en la programación, pues advirtió que las pérdidas en el sector ascenderían a los 25 millones de dólares diarios a nivel nacional. Así también lo ha manifestado el sector empresarial, donde el cálculo aproximado por las pérdidas económicas derivadas de los apagones programados podría ascender a 96 millones de dólares por cada corte de energía en 8 horas, es decir, 12 millones de dólares por cada hora sin electricidad.
Si bien es cierto, hasta el segundo trimestre de 2024, la economía nacional estuvo en recesión por las disrupciones en la producción de petróleo, los eventos climáticos y la incertidumbre política, el incremento en la criminalidad es otro de los factores que suman este alarmante decrecimiento económico para finales de año. De acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz, que ubicó al Ecuador en el puesto 87 del ranking de Países con Mayor Índice de Criminalidad, el impacto económico por la violencia en el 2023 representó el 6% del PIB provocando pérdidas por más de 20.000 millones de dólares anuales. A estas pérdidas se agregan los montos destinados a la seguridad que hasta el momento apenas ha devengado 204 millones de dólares, es decir, solo el 2% del presupuesto del Ministerio de Defensa.
Las extorsiones, secuestros, sicariatos y homicidios intencionados obligan a los comerciantes a cerrar sus negocios a tempranas horas del día o a cerrar definitivamente, ante el temor a ser asesinados. Pues, según las estadísticas de la Policía Nacional durante los apagdones, el 65% de los delitos ocurren a partir de las 19h00 en siete provincias del país. Solo del 2 al 8 de septiembre se registraron 153 casos de homicidios intencionales, de los cuales el 21% se perpetraron entre las 19h00 y la medianoche, y el 44% entre las 00h01 y las 05h00 de la madrugada. Cifras que, sin duda, contradicen la supuesta reducción del 18% de la violencia en el Ecuador que la ministra del Interior, Mónica Palencia, aseguró durante la rueda de prensa de ayer, 30 de septiembre, del Bloque de Seguridad.
Frente a todo relato, y para complejizar aún más la realidad, la precarización laboral alcanzó en agosto una tasa del 4% a pesar de los 64 mil nuevos empleos que ha dicho se han generado en el gobierno del presidente Daniel Noboa. Y, es que hoy, los datos del empleo adecuado se mantienen en un 35% y el subempleo tan solo ha pasado del 19,9% al 20,1% respecto del mismo periodo del 2023, lo que no muestra una variación significativa. Además, la crisis en el sector social que se evidencia en la deuda que aún se mantiene con los prestadores externos de la salud, que privaría de atención médica a más de 7 millones de ecuatorianos.
Con esta crisis multidimensional que atraviesa nuestro país, hace sentido que la economía ecuatoriana esté en decrecimiento. Las familias ecuatorianas ya no soportan más los efectos de la incapacidad de este gobierno para “resolver” las emergencias energética, de inseguridad y desempleo, ante lo que la ciudadanía exige respuestas de estos 10 meses de gestión.
