Por: Jackie Herrera
Una vez más, la Ley ecuatoriana es sobrepasada por los intereses políticos. Esta recurrencia durante los últimos gobiernos también se pudo ver con la serie de inobservancias dadas, incluso a la misma Constitución, en la sesión de la noche de este lunes y madrugada del martes en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Desde la petición de juicio político en contra de la Fiscal General del Estado presentada por la asambleísta Gissela Garzón en mayo de este año, que también fue solicitada por el asambleísta Héctor Valladarez, los movimientos políticos dentro del Legislativo han sido el foco de confrontaciones entre bancadas, actores políticos y grupos relacionados con la política nacional.
En medio de esta polémica sesión, la apelación a la presidencia de Pamela Aguirre solicitada por César Umajinga, el desorden en las mociones presentadas y la ausencia de debate en un punto del orden del día provocaron discusiones y agravios entre los legisladores de las bancadas Revolución Ciudadana, ADN y PSC.
La reunión, que resolvió no calificar el juicio político en contra de la Fiscal, terminó con la retirada de los asambleístas de la RC y fuertes denuncias públicas, como el conflicto de intereses del asambleísta Umajinga a quien se le habría archivado procesos judiciales a cambio de su voto.
La sentencia del juez de primera instancia, Edgar Romero Salazar, que el 22 de agosto falló a favor de la acción de protección planteada por la asambleísta de ADN Inés Alarcón Bueno por el archivo de los juicios políticos en contra de tres exministros del gobierno de Guillermo Lasso, no fue acatada por el Legislativo por tratarse de una intromisión en las facultades de la Asamblea Nacional. Pero esto fue solo el punto de partida para esta nueva trifulca parlamentaria. Pues, las presiones también vinieron de la misma Fiscal quien el 19 de agosto, a través de sus redes sociales, solicitó se reanude su juicio luego de haber superado el alto riesgo en su reciente embarazo.
A pesar de existir una sentencia de mayor jerarquía de la Corte Constitucional, el juez Romero insistió con el cumplimiento de la suya y presionó a la presidenta de la Comisión con sanciones económicas diarias si no levantaba de manera inmediata el archivo de los tres juicios a los exministros, además de suspender el juicio en trámite contra de la actual ministra Mónica Palencia y de continuar con los procesos de fiscalización, entre los cuales está el de la Fiscal Diana Salazar.
El 13 de diciembre se instaló una sesión en la Comisión para resolver seis juicios pendientes de los que, en orden de prelación, se encuentran el de Salazar después de Palencia y antes de los exministros. Luego, en agosto de 2024, el CAL resolvió autorizar a la Comisión unificar los pedidos de juicio en contra de la Fiscal seguidamente solicitados por los legisladores Garzón y Valladarez de la bancada Revolución Ciudadana.
Esto indica que la inobservancia a la Norma Suprema y la interpretación a conveniencia de las normas específicas se ha venido normalizando en las decisiones de los cuerpos colegiados de las diferentes funciones del Estado, desde el periodo de gobierno anterior, a vista y paciencia del Ejecutivo.
Asimismo, el abuso de las garantías constitucionales, como las acciones de protección, es otro de los síntomas de una evidente desinstitucionalización donde priman los intereses políticos junto a la complicidad de los jueces del país. Es que parece que la justicia selectiva y la persecución ya hacen parte del quehacer político nacional, como un mal que dificulta cada vez más la supuesta lucha contra la corrupción que, por cierto, también está concebida en los mandatos de nuestra Constitución.
