Por: Jackie Herrera
Una vez más, el antecedente de la imparable ola de crímenes en Ecuador es la crisis de conflicto armado interno que el presidente Noboa declaró el 9 de enero de 2024; pues, a pesar de los consecutivos estados de excepción y el último decretado para siete provincias del país, el número de secuestros va en aumento en lo que va del año.
Solo entre enero y marzo se registraron 1.543 casos, entre los que figuran las muertes violentas que el Ministerio del Interior ha dicho se haber reducido “significativamente” para este primer periodo.
Las recientes estadísticas presentadas por la Policía Nacional indican que se ha triplicado el número de denuncias entre enero y julio de 2024, respecto del mismo periodo del año anterior, receptando más de 1.000 llamadas de auxilio por secuestro o tentativa a través del sistema ECU 911.
Esto, mientras la ministra Palencia señalaba en una rueda de prensa que además de los distintos operativos para combatir las extorsiones y secuestros, también se ejecutaron acciones contra el narcotráfico que redujeron las muertes violentas a nivel nacional. Al unísono discurso, a través la mediática cadena de Radio Sucre, el presidente de la República aseguraba que existían menos secuestros que el año pasado y “muchísimo menos” casos de extorsión.
Sin embargo, en Guayas, específicamente en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) el número de secuestros ha incrementado en un 157% hasta julio de este año. Seguido están Pichincha, El Oro, Manabí y Los Ríos como las provincias con mayor incremento de cifras. Recordemos que, apenas en marzo de 2024, previo a la Consulta Popular, el primer mandatario y su asesora de comunicación le decían al país que los ciudadanos podían “transitar en las calles con mayor tranquilidad y abrir sus negocios con mayor confianza”, lo que contradice completamente los datos revelados por la misma Policía ecuatoriana.
Lo cierto es que las cifras incrementan y lo más preocupante es que con esto también aumenta la violencia en los mecanismos de extorsión. El 21 de agosto, dos días después de la Cumbre Latinoamericana de Seguridad donde Noboa aseveró al continente que redujo en más del 20% los índices de violencia en todas sus formas, dos trabajadores de una empresa de servicios de internet fueron secuestrados en Durán, siendo grabados por sus captores para pedir ayuda a su jefe y ser liberados. Ambos mostraban sus dedos cercenados. Y, apenas este lunes 2 de septiembre se encontró a tres ciudadanos secuestrados en el sector de Monte Sinaí, entre ellos una mujer de la tercera edad con signos de tortura. Los delincuentes pedían 100 mil dólares por el rescate, algo imposible para una familia que se dedica al comercio y cuyos ingresos mensuales son apenas de 300 dólares.
Con estos números que solo muestran lo contrario a lo que nos dicen, y como el señor presidente mismo lo ha repetido en cada intervención pública: “dato mata relato”. Es que a 10 meses de su gestión solo hemos sido testigos de un secuestro consentido de su gobierno en manos del mismo narcotráfico que tanto ha pregonado haber combatido. Las cifras de secuestros, extorsiones y muertes violentas en aumento son tan alarmantes para los ciudadanos que hasta nos hemos olvidado de cuestionar al Ejecutivo por los resultados del fracasado Plan Fénix.
Y qué decir de la debilitada institucionalidad, del secuestrado sistema de justicia que sigue permitiendo la impunidad y del decadente sistema político que no ofrece más que una novelización para estos próximos comicios. El país está secuestrado por la delincuencia y gobernado por la incertidumbre. No necesitamos más candidatos en la papeleta electoral, necesitamos y nos urge más soluciones pero, sobre todo, una conexión a la realidad sobre las crisis que poco a poco nos están llevando al punto sin retorno.
