Por: Jackie Herrera
Las fugas masivas en las cárceles de Ecuador continúan, a pesar del supuesto control tomado por el Gobierno Nacional en los centros penitenciarios desde enero de 2024. Se ha emitido un sinnúmero de decretos, declarado estados de excepción permanentes y colocado vallas publicitarias en varios puntos del país con el mensaje “Hemos retomado el control de las cárceles a nivel nacional. Únete al Nuevo Ecuador”, pero nada parece devolver la seguridad a la gente y la confianza en la Policía Nacional, como lo anunció el presidente Noboa en mayo pasado. Lo cierto es que en lo que va del año se han reportado 11 fugas, de los cuales siete se produjeron por atención médica en hospitales y centros públicos de Quito y Guayaquil, principalmente.
En una de las provincias donde el gobierno se ha esforzado por decir que se han reducido las muertes violentas, en menos de 11 días se dieron dos fugas del Centro de Rehabilitación Social El Rodeo en Portoviejo, Manabí. La semana pasada escaparon tres reos de alta peligrosidad, asociados presuntamente con Los Choneros, y este lunes 5 de agosto, escaparon cinco más. Lo que más sorprende de esta ineficiencia es que la misma Policía Nacional evidencia los fallos del gobierno de Noboa al indicar que esta es una responsabilidad del SNAI y que por su parte han hecho su trabajo, luego de que el primer mandatario, cada vez que habla del tema, asegura que existe una coordinación eficiente entre la Policía, la SNAI y las Fuerzas Armadas que le ha permitido a su gobierno recuperar el control de las cárceles.
Entonces, según esta lógica, la Policía reporta las fugas, el SNAI las confirma y el Ministerio del Interior anuncia otras cifras entusiastas para que el presidente Noboa diga que todo está bajo control. Tras prueba y error, en nueve meses de gobierno, el caos permanece en los centros de privación de libertad y en las calles del país que profundiza aún más el cuestionamiento de la ineficacia del Plan Fénix prometido en campaña electoral. Plan que, por cierto, aún no muestra resultados claros en sus dos fases de implementación.
Pero hay otras instancias estatales que tampoco están haciendo lo suyo y suscriben que no existe tal coordinación intersectorial. Por ejemplo, el Ministerio de Educación que, en lugar de reforzar el acceso al sistema educativo público de los niños y adolescentes, solo ha modificado la malla curricular para implementar clases de cívica. El Ministerio de Salud Pública que únicamente ha podido activar el Código Plata, luego de producidas las fugas. El Ministerio del Interior que debería capacitar y dotar de personal preparado, combatir la corrupción dentro del sistema penitenciario y coordinar la asignación de recursos financieros, solo hace ruedas de prensa que repiten un discurso político vaciado de realidad nacional y veracidad en las cifras de este y otros problemas de inseguridad. En diciembre de 2023, Noboa ofreció tener dos cárceles de “máxima y supermáxima” seguridad en 200 días. Sin embargo, el acto protocolario y mediático se dio el 21 de junio de 2024 en Santa Elena, seis meses después, con un par de estacas pintadas de rojo entre los ceibos del bosque tropical y bajo el rechazo de comuneros locales que reclaman el mantenimiento de las tierras ancestrales. Esta “Cárcel del Encuentro” debería estar terminada en 300 días, según la misma Presidencia de la República. Todo esto, mientras el primer mandatario y su gabinete se aferran al discurso de no volver al viejo Ecuador, cuando los hechos diarios de violencia y el fallo en sus políticas dicen totalmente lo contrario
