El presidente, Daniel Noboa, mediante el Decreto Ejecutivo 337 aprobó una Política Nacional de Integridad Pública al 2030 con el objetivo de prevención y lucha contra la corrupción.
Quito, 23 jul (La Calle).- La Política Nacional de Integridad Pública al 2030, fue aprobada por el presidente Daniel Noboa con el propósito de promover una cultura de integridad en la gestión de la Función Ejecutiva del Ecuador.
El plan adjunto en lo que es el Decreto Ejecutivo 337, firmado el 22 de julio, cuenta con ocho líneas estratégicas hacia el 2030 y 108 páginas que detallan las bases del plan. Su aplicación estará a cargo de la institución antes conocida como Secretaria Anticorrupción.
Plan en contra de la corrupción
El plan de seis años busca, fundamentalmente, promover el rechazo activo a la corrupción nacional y transnacional por parte de servidores públicos y trabajadores privados.
Además se busca trabajar en la prevención y lucha contra la corrupción con una respuesta institucional integral ante los actos de corrupción. Fortaleciendo el acompañamiento y la cualificación de servidores públicos se tiene como objetivo que los mismos trabajen con vocación, evitando así la prevención de conflictos de interés.
Su monitoreo estaría a cargo de la Policía Nacional de Integridad Pública, la cual realizará el monitoreo de la aplicación y cumplimiento del plan. El seguimiento será de forma anual con corte el 31 de diciembre de cada año.
Cuales son los 8 objetivos:
El decreto 337 define 8 líneas estratégicas para la implantación de este plan:
- Concientización de las dimensiones de la corrupción, sus causas y consecuencias.
- Contratación pública responsable y transparente
- Transparencia en las etapas del ciclo presupuestario
- Prevención y trámite efectivo de los conflictos de interés
- Aplicación de tecnologías en la lucha contra la corrupción.
- Responsabilidad con competencia compartida entre múltiples actores en la lucha contra la corrupción.
- Gestión de riesgo y generación de tipologías para la lucha focalizada contra la corrupción en escenarios críticos para la sociedad ecuatoriana.
- Desarrollo de capacidades institucionales en la prevención y lucha contra la corrupción y su competencias.
Noboa y las ‘red flags’ en su gestión
Caso Olón
En el epicentro de denuncias sobre supuestas irregularidades en un proyecto inmobiliario en Ólon, Santa Elena, se encuentra la primera dama Lavinia Valbonesi.
Como principal accionista de la empresa Vinazin; Valbonesi, su esposo el primer mandatario y algunos ministros del Gobierno de Noboa han sido acusados de tráfico de influencias y de delitos contra la naturaleza.
Cuestionamientos, protestas y finalmente una denuncia de la Unidad Popular ante Fiscalía pusieron en jaque al Gobierno. Las denuncias de supuesto ecocidio y tráfico de influencia por parte de moradores de la zona y grupos ecologistas se hicieron escuchar en redes sociales, frenando el proyecto.
Daniel Noboa y la primera dama manifestaron su complacencia por la apertura de las investigaciones, recalcando que estas permitirán dar “claridad a los ecuatorianos sobre los hechos”. Además Noboa aseguró de que se trata de falsas acusaciones por parte de la opción. La Fiscalía General del Estado y la Asamblea Nacional han abierto investigaciones para aclarar los hechos.
La Cárcel del Encuentro
El presidente Daniel Noboa, también se ha visto en vuelto en polémicas debido a la construcción de la mega cárcel, en Santa Elena.
La denominada “Cárcel del Encuentro” costará 52 millones de dólares y fue adjudicada sin licitación abierta, a una controvertida empresa China. El proyecto se ha visto rodeado de sospechas debido a la opacidad de los documentos de contratación.
A esto se suma las denuncias por parte de habitantes de la zona sobre invasión de tierras ancestrales y el impacto ambiental del proyecto, en un bosque mega diverso que se encuentra en peligro de extinción. Los comuneros argumentan que el terreno fue adjudicado por el Gobierno de manera ilegal.
Los comuneros han expresado su preocupación por la invasión de terrenos por parte de militares y la inexistencia de carreteras para ingresar al terreno.
Fabricio Tamayo, gobernador de Santa Elena, indicó que las hectáreas donde se construye la cárcel pertenecen al Gobierno debido a que el Ministerio de Agricultura y Ganadería las cedió al Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad (SNAI).
Sin embargo el Gobierno indico que las hectáreas se revirtieron al Estado por una hipoteca.
Para un gobierno que expide decretos sobre la transparencia y la lucha contra la corrupción, la nombrada Cárcel del Encuentro se ha vuelto un símbolo de polémica y alerta. (N.C)
