Por: Jackie Herrera
Nuestro país atraviesa una crisis de inseguridad sin precedentes. A pesar de que el primer mandatario declaró, en enero de 2024, la existencia de un conflicto armado interno, los casos de violencia de género han recrudecido en el último periodo y vemos pocas garantías para que los derechos de las mujeres sea un tema que se encuentre en el ojo del Gobierno Nacional, siendo este un problema público y un problema de políticas poco suficientes y eficientes.
Se estima que una mujer es asesinada cada 27 horas por muertes violentas catalogadas como femicidios íntimos, femicidios en sistemas criminales y transfemicidios, según datos de la ONU Mujeres en su último informe de marzo de 2024 en Ecuador, titulado “Alerta de Género”. Además, en el marco de violencia estructural se identifican factores de riesgo de violencia de género con énfasis en violencia sexual para mujeres y niñas en el contexto de las actividades ilícitas de los GDO y en las operaciones militares. Sin mencionar la alarmante situación de los derechos humanos de mujeres privadas de la libertad dentro de las cárceles.
Sin embargo, las cifras no son claras y existen contradicciones. La ministra del Interior, Mónica Palencia, manifestó que durante los cinco primeros meses de gobierno del presidente Noboa hay una significativa reducción de muertes violentas en un 28%, respecto del gobierno anterior para el mismo periodo de tiempo. En cuanto al comportamiento del femicidio, el subsecretario de Seguridad Ciudadana, John Game, indicó que también existe una reducción del 22 % en una comparación con el mismo periodo del año anterior.
En la página web del eliminado Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, un informe con corte al 19 de mayo de 2024 muestra que se registraron 36 muertes violentas por femicidio en lo que va del año. Mientras que, el Consejo de la Judicatura informó que solo hasta febrero se han registrado 56 víctimas de femicidio y muertes violentas por motivo de género.
A estas cifras se suma el presunto femicidio de la subteniente Aidita Pamela Ati, encontrada sin vida dentro del Fuerte Militar Napo, la mañana del 29 de junio de 2024. Según versiones de su padre, el militar en servicio pasivo Luis Ati, inicialmente le informaron que su hija había fallecido por una asfixia producida por licor mientras dormía, luego de haber participado de una fiesta de despedida no autorizada dentro de la Institución. Sin embargo, la autopsia revelaría que la joven de 25 años habría sido intencionalmente asfixiada, golpeada y abusada sexualmente. Estarían implicados cuatro militares de rango superior.
Este caso recupera en la memoria social el asesinato de María Belén Bernal en manos de su esposo dentro de la Escuela de Policía de Pomasqui, en septiembre de 2022; y, recientemente se conoció que la subteniente María José Morillo también falleció dentro de la Brigada de Selva 19 Napo, en abril de 2021, en condiciones no esclarecidas aún por las Fuerzas Armadas.
Según la abogada y activista Jéssica Jaramillo hay fallas dentro del Estado y en el reconocimiento de la violencia de género en la sociedad y en el sistema de justicia ecuatoriana. En su gestión como presidenta de la Fundación Contra la Violencia ha podido evidenciar que estos casos, que son muchos más de los conocidos públicamente, tienen relación con el espacio jerarquizado sobre las víctimas que existe en instituciones como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas del Ejército.
Silvana Sandoval, abogada penalista y directora jurídica de la Fundación Mujeres Reales, considera que existen estándares internacionales mínimos que el gobierno ecuatoriano no está observando en su función misional y constitucional en cuanto al tutelaje de los derechos de las mujeres, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
La violencia de género en nuestro país, lamentablemente, no es nueva pero tampoco ha logrado ser erradicada. Las cifras de muertes violentas con motivo de género hablan de una manifiesta vulnerabilidad de las mujeres, niñas y adolescentes ante una sociedad apática de esta realidad. A pesar de que la normativa es amplia, es axiomática la falla en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas que traten estos casos con perspectiva de género, y más aún, dentro de un contexto de conflicto armado interno que el Nuevo Ecuador aún no resuelve, y que arroja cifras en alarmante ascenso.
Hasta la fecha, el primer mandatario no se ha manifestado sobre el caso Ati, pero lo curioso es que el mismo 29 de junio emitió un comunicado al país sobre su prioritaria preocupación ante el archivo del caso de Wilman Terán y el Proyecto de Ley para el aumento de penas por delitos vinculados al terrorismo, tráfico de armas y drogas.
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