Por: Juan Paz y Miño
Quito, 12 abr (La Calle).- En su famoso libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo (1905) el pensador alemán Max Weber (1864-1920) analizó la relación entre el pensamiento religioso protestante (calvinista, más que luterano) y el capitalismo de la Europa del Norte. Demostró que la “ética” protestante esperanzada por construir el Reino de Dios en la tierra sobre la base del trabajo personal y el hábito por alcanzar el éxito económico, favoreció el desarrollo del capitalismo. Fue una tesis que revolucionó la forma de apreciar el mundo de las ideas y su conexión con la economía. Sin duda refleja una verdad histórica si se contempla el papel jugado por el catolicismo en la colonización de América Latina y su herencia posterior, que no favoreció el desarrollo capitalista, mientras que el protestantismo resultó un factor dinamizador en los Estados Unidos. Pero la tesis weberiana queda corta para entender los procesos históricos latinoamericanos y su propio desarrollo capitalista, incluso porque el genial pensador no estudió a la región, lo cual no cabe entenderse como subvaloración de sus obras, que tienen enorme trascendencia en el pensamiento latinoamericano, como lo ha destacado, entre otros, el libro Max Weber en Iberoamérica. Nuevas interpretaciones, estudios empíricos y recepción, editado por Álvaro Morcillo Laiz y Eduardo Weisz (2016).
Está suficientemente demostrado que la época colonial de América Latina, en pleno mercantilismo, sirvió para la acumulación primitiva/originaria de capitales en Europa. Pero fueron las independencias y el surgimiento de los Estados nacionales en la región los factores que permitieron tomar al capitalismo europeo y a la economía norteamericana como referentes para la modernización de cada país. Sin embargo, durante el siglo XIX en todos los países latinoamericanos predominaron economías agrarias, precapitalistas, con mercados internos estrangulados por la hegemonía de relaciones laborales basadas en distintas formas de servidumbre y no de trabajo asalariado libre, con comercio exterior de bienes primarios e inevitable dependencia de los centros capitalistas. Si bien contados países (Argentina, Brasil, México) montaron industrias y manufacturas en la segunda mitad del siglo XIX, el desarrollo capitalista latinoamericano es propio del siglo XX y en varios países (Bolivia, Ecuador, Paraguay, Centroamérica) solo queda definido a partir de mediados de este siglo.
Esa extensa historia económica fue acompañada por la formación de una “ética oligárquica” que, parafraseando las ideas de Weber, impidió o limitó el “espíritu capitalista”. Su origen es colonial, de modo que la clase de antiguos criollos dominantes pasó a ser la élite constructora de los nuevos Estados. En la ideología de esas élites los “valores” oligárquicos favorecieron la implantación de repúblicas con democracias censitarias; poder político concentrado en los propietarios de tierras, comerciantes, banqueros y patronos mineros; defensa de la propiedad privada; mantenimiento de las formas serviles de trabajo agrícola, incluyendo la esclavitud (hasta su abolición a mediados del siglo XIX); superexplotación a las poblaciones indígenas (México, Guatemala, Ecuador, Perú, Bolivia y otros); clasismo, racismo y aristocratismo nobiliario frente al resto de la sociedad; tradicionalismo familiar, conservadorismo y cultura católica; localismos y regionalismos. En el combate a los conservadores, los liberales proyectaron una sociedad basada en los valores ilustrados, políticas democráticas, proclamación de derechos individuales e industrialización, pero tampoco asumieron la reforma agraria, hasta que la Revolución Mexicana (1910) la impuso marcando un nuevo proceso histórico para poner fin a los regímenes oligárquicos en la región, que se extendió en los diversos países con el avance capitalista del siglo XX.
El desarrollo capitalista latinoamericano es fruto del despegue y crecimiento de las burguesías; pero los Estados actuaron siempre como dinamizadores centrales. De modo que los empresarios de la región han crecido bajo las alas protectoras de los Estados. El “desarrollismo” de las décadas de 1960 y 1970 no se concibe sin ese intervencionismo económico. Durante el siglo XX las reformas impuestas por distintos gobiernos con inclinaciones sociales, las inversiones en bienes, infraestructuras y servicios públicos, o la industrialización sustitutiva de importaciones, permitieron dejar atrás las oprobiosas condiciones de vida y trabajo que caracterizaron a los regímenes oligárquicos del pasado.
Como se ha experimentado en América Latina durante las décadas finales del siglo XX, la introducción del neoliberalismo se asentó sobre el capitalismo en auge en la región y en el marco de la globalización transnacional con hegemonía de los EE.UU. tras el derrumbe del socialismo soviético. Provocó crecimiento y “modernización”. Pero no desarrollo con bienestar social. Y sus límites se han vuelto evidentes con el avance del siglo XXI y el renacer del neoliberalismo y su evolución al libertarianismo, porque se advierte que el viejo “ethos oligárquico” no se superó en forma definitiva sino que se mueve en un nuevo plano conceptual: achicar el Estado, privatizar todo lo público, evadir y suprimir impuestos a los empresarios, flexibilizar las relaciones laborales, re-primarizar las economías internas, fortalecer las relaciones de la dependencia externa a través de tratados de libre comercio, con ventajas al capital externo por medio de los arbitrajes internacionales, etc. El camino distinto ha correspondido a los gobiernos progresistas de la región, en tanto las reacciones oligárquicas están en pie de lucha contra ellos. Debe subrayarse que la moderna ética oligárquica neoliberal/libertaria se ha convertido en un freno histórico para el progreso económico y el bienestar social o el Buen Vivir, si se prefiere este término.
Ecuador es un país que ha pasado a ser ejemplo del giro a favor de la economía neoliberal con hegemonía política oligárquica. Desde 2017, lo que se identificaba en la década de los 60 como “cuadro del subdesarrollo” está a la orden del día en todo tipo de estadísticas nacionales o de los organismos e instituciones internacionales. Se ha unido el inédito avance del crimen organizado y la delincuencia común, ante un Estado debilitado y con la institucionalidad del derecho degradada. Sin importar lo que dice la Constitución, se añade la vinculación a las geoestrategias de los EE.UU. que ahora incluye acuerdos militares tanto en Ecuador como en Argentina. En ambos se ha facultado la presencia privilegiada de personal y misiones militares, en lo que constituye un eje de acciones entre el Pacífico, el Atlántico y la Antártida en la “conflictiva” Sudamérica, poseedora de oro, cobre, petróleo, agua, litio y otros recursos “necesarios” a la seguridad nacional de los EE:UU, según las conocidas previsiones realizadas por la Comandante del Comando Sur (https://t.ly/TqOpw). En contraste, tampoco ha importado la ruptura de relaciones diplomáticas resuelta por México a raíz de la inconcebible incursión en su Embajada en Quito para capturar a un ex vicepresidente a quien México le había otorgado el asilo político (https://t.ly/NEkue ; https://t.ly/6Nxsn). Las condenas internacionales ante este hecho fueron inmediatas.
Se trata de un cuadro histórico que no se ha vivido en Ecuador desde 1925, cuando la Revolución Juliana logró imponer el interés nacional al sector privado, principalmente bancario, que había convertido al Estado en un eslabón más de su cadena de dominación; o por lo menos desde 1944, cuando “La Gloriosa” derrumbó el renacer oligárquico bajo el gobierno de Carlos Arroyo del Río. Son fenómenos que deben llamar la atención de los estudios sobre las “nuevas derechas” y el avance del fascismo en América Latina.
