Quito, 03 mar (La Calle).- El Censo 2022 muestra cifras alarmantes en relación al estado conyugal y la población comprendida entre los 12 y 14 años. 5.217 están unidos, 664 están separados y 78 se identificaron como viudos. La cifra llega a 0 en casado y divorciado, lo que muestra un crecimiento de las uniones de hecho en adolescentes.
La provincia con más personas en este rango de edad que están unidas es Guayas con 1.447, sigue Manabí con 734, Los Ríos con 516, Pichincha con 495, Esmeraldas con 311, Santo Domingo con 210, El Oro con 195; Azuay con 146; Morona Santiago, 136; Santa Elena 123; Cotopaxi, 133; Orellana con 108; Chimborazo, 93; Loja con 82; Napo con 79; Sucumbíos, 77; Imbabura y Tunguarahua con 72; Bolívar y Pastaza,52; Cañar con 44; Zamora Chinchipe, 36, Carchi con 22 y Galápagos,2.
Cifras a fondo
Las cifras se juntan al informe que Plan International, UNICEF y UNFPA realizaron en octubre del 2023 explicando las causas que llevan a niñas, niños y adolescentes a sufrir matrimonios o uniones de hecho. Incluso al saber que la relación entre mayor de edad y un o una menor es un delito. A pesar que en el Ecuador, esta práctica está prohibida, aún continúa y la sociedad la ha normalizado. De acuerdo con datos del registro de nacimientos del INEC, en 1 de cada 5 nacimientos registrados por parte de madres adolescentes, ellas se encontraban en unión libre, de hecho o casadas.
Cerca del 25% de madres menores de 18 años viven en unión temprana y forzada. Entre los factores están los ingresos económicos y la educación. Las niñas, niños y adolescentes que tienen más acceso a educación y estabilidad económica tienen mayores posibilidades de no casarse o llevar una unión de hecho. Según el informe, en Manabí, el 36,7% de las madres de entre 10 y 17 años se casaron a unieron. En Esmeraldas y Guayas, 1 de cada 4 madres menores de 18 años declaró estar casada o unida, en Sucumbíos un 17,3% y en Chimborazo menos del 10%. Algo que concuerda con las cifras del Censo 2022.
Violación de derechos
Según la UNICEF, América Latina y el Caribe es la única región del mundo donde los matrimonios infantiles no han disminuido en los últimos 25 años y ocupa el segundo lugar del mundo en número de embarazos en adolescentes.
Si bien en Ecuador hay niños que sufren de esta práctica ilegal, las niñas son mucho más vulnerables ya que en estos casos acarrean embarazo o violencia sexual. “Las niñas y adolescentes unidas o casadas tempranamente tienen más riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo, parto y posparto, que pueden desembocar en muertes maternas que podrían ser evitables. Estas prácticas nocivas son una violación de los derechos humanos que cambian radicalmente la vida de las niñas”, dice el representante de UNFPA en Ecuador, Markus Behrend.
¿Qué debe hacer el Estado?
El cambio debe ser radical y enfocarse en las políticas públicas. “Un trabajo multisectorial que modifique normas sociales, actitudes y prácticas que promueven las uniones tempranas, infantiles y forzadas”. Aplicar la ley y controlar que no siga cometiendo este delito.
Todos los ámbitos del Estado deben brinda un enfoque integral dirigido a niñas y adolescentes para propiciar el empoderamiento, también trabajar de la mano con los niños y adolescentes hombres, padres y madres, y líderes y lideresas comunitarias para construir espacios seguros y solidarios.
