Quito, 29 feb (La Calle).- Con el lema «paga Gobierno Moroso» exigen los pacientes, doctores y representantes de las clínicas de diálisis que el régimen pague los más de USD 125 millones que adeuda.
«La salud es un derecho, la diálisis es vida», gritan los pacientes renales en los exteriores de la plataforma gubernamental, al norte de Quito.
Por su parte el ingeniero Alejandro Espín, representante legal de una las clínicas de diálisis, mencionó que el Gobierno se olvidó de estas instituciones que buscan «alargar el tiempo de vida de sus enfermos». Detalló que el IESS adeuda desde mayo de 2023, el Seguro Social Campesino desde diciembre de 2022 y el Ministerio de Salud Pública desde marzo de 2023.
Detalló que es un año que han esperado para que las autoridades paguen por sus servicios. Además, comentó que el panorama que enfrentan no es claro, pues los responsables no establecen una hoja de ruta para este problema. Aseguró que lo más preocupante es que los médicos o prestadores de servicios decidan suspenderlos.
«Si fuera un gobierno claro y organizado, el futuro de 2024 sería muy distinto, pero eso no está ocurriendo», terminó.
Desde el dolor…
Varios pacientes con varios carteles en sus manos, con gorras o bajo sombrillas y con las pocas fuerzas que reservan, piden al Gobierno que se haga responsable de los pagos que adeudan. Uno de los afectados, se descompensó en medio del plantón, aunque los médicos le brindaron atención de inmediato, su rostro palidecido ya no podía gritar de la misma manera.
La doctora Pamela Luna alertó que esa es la realidad que viven muchos pacientes. Recalcó que son personas de “primera línea” que necesitan recursos, atención, personal operativo. Enfatizó que el país ya no necesita un gobierno indolente o improvisado. Recalcó que la salud es un derecho y debe ser la prioridad del Estado.
«Pónganse la mano en su pecho, tenemos un poco de vida. Muchos pacientes han muertos y por eso nos vemos obligados a salir a pedir que nos ayuden, que cancelen», exclamó otra paciente.
Luna también detalló que la diálisis es una enfermedad catastrófica que debería estar en primera línea para que se atienda. Resaltó que son más de 16 mil pacientes y más de 500 familias se ven afectadas por esta decisión.
«Hemos tenido que vender algunos bienes, pero ya no tenemos cómo sobrevivir. Esto también nos mata, al igual que la inseguridad», refutó.
