La Asamblea Nacional al tope con los juicios políticos

Quito, 13 dic (La Calle).- La nueva Asamblea Nacional avanza con tres solicitudes de juicio político y otras cinco pendientes del anterior período legislativo antes del decreto de muerte cruzada emitido por el expresidente Guillermo Lasso.

Este 13 de diciembre la Comisión de Fiscalización sesionará para adoptar una resolución para tratar el estado de los juicios políticos represados en el Legislativo disuelto.

Sobre la mesa están pendientes distintos procesos dirigidos a los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE); al exministro de transporte, Darío Herrera; al exministro de Inclusión, Esteban Bernal; a los vocales del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo y Juan José Morillo.

No obstante, existe un vacío legal que podría estancar estos procesos, pues varios de los proponentes ya no forman parte del actual Parlamento. Según especificó el abogado Esteban Ron a Radio La Calle para seguir con el procedimiento se necesita un ejercicio de cargo y descargo y al ya no tener a los interpelantes la situación sería difícil.

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Actualización 15h00

La mesa parlamentaria archivó tres pedidos de juicio político, suspendió uno y dos serán remitidos al Pleno Legislativo.

Los legisladores resolvieron suspender temporalmente el proceso en contra de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), por cuanto hay varios procesos electorales en curso, tal como se pronunció, en su momento, el Procurador General del Estado y de conformidad al artículo 19 del Código de la Democracia.

Así mismo se archivó el juicio contra los exministros Patricio Carrillo, Diego Ordóñez y Paula Flores, por el desistimiento expreso de los proponentes, Ricardo Vanegas y Sofía Sánchez.

Por otro lado, a pesar de existir las mociones de las bancadas del PSC y ADN para que pase al Pleno, no se obtuvo los votos y se decidió el archivo los dos procesos propuestos por los legisladores Jorge Abedrabbo y Segundo Chimbo, en su orden, en contra del exministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera.

Mientras que, en el caso del proceso planteado por Mario Ruiz contra el exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, la mesa de Fiscalización resolvió remitir el expediente al Presidente de la Asamblea Nacional, para que ponga en conocimiento del Pleno del Parlamento para que resuelva lo pertinente.

Diana Salazar en la cuerda floja

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El pasado 27 de noviembre la Revolución Ciudadana presentó la solicitud de juicio político contra la fiscal Diana Salazar por incumplimiento de funciones.

El pasado 7 de diciembre el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó con cinco votos a favor y uno en contra el pedido de juicio político contra Salazar. El presidente del Legislativo Henry Kronfle argumentó que la mesa parlamentaria califica los elementos de forma y no de fondo.

La justificación de la RC para solicitar el enjuiciamiento fue con base al incumplimiento de funciones. La legisladora Gissela Garzón sostuvo que la funcionaria ha mantenido su desatención en reconocidos casos de corrupción.

“La crisis de seguridad que vive el país requiere funcionarios que den respuestas, que asuman su rol y lo cumplan, si esto no pasa, corresponde ejercer el rol de fiscalización y control político desde el Parlamento”, publicó en su cuenta de X.

Por su parte, Salazar calificó al juicio como un proceso viciado. El 11 de diciembre remitió al legislativo una solicitud a la Asamblea Nacional con los siguiente cuestionamiento en concreto:

  • ¿Cuántas solicitudes de juicio político y en qué fechas fueron presentadas, desde enero de 2021?
  • ¿En qué instancia se encuentra cada una de las solicitudes?
  • ¿Cuál es el orden cronológico de los juicios políticos que se están sustentando en la comisión de fiscalización?
  • ¿Cuántas solicitudes cuentan con informe de la comisión de fiscalización para que pasen a debate en el pleno?
  • ¿Cuál es el procedimiento, instancias y tiempo de cada solicitud de juicio?
  • ¿Cuándo procede el archivo de un juicio político?

Exministros Santos y Zapata

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El 25 de noviembre asambleístas del PSC y ADN presentaron una solicitud de juicio político en contra de los exministros Santos y Zapata

El primer sentenciado era el exministro de Energía, Fernando Santo, quien logró esquivar el juicio político. Según la proponente de ADN, Nicole Saca, el exfuncionario actuó con inoperancia e ineptitud al no prevenir la crisis energética que ha llevado a apagones en Ecuador.

El pasado 11 de diciembre la Comisión de Fiscalización no calificó esta solicitud debido a que la Secretaría Técnica no habría concluido con los trámites de la solicitud y el plazo se había vencido.

En la lista de espera queda el exministro del Interior, Juan Zapata, quien está en el ojo de la Asamblea por la solicitud de juicio político remitida por el legislador del PSC, Carlos Vera Mora.

Según el parlamentario, el exfuncionario a pesar de conocer las deficiencias en el equipamiento de la Policía Nacional no ejecutó el presupuesto asignado para el año 2023. Sostuvo que esta omisión contribuyó al aumento de crímenes como asesinatos, secuestros y violaciones, por lo que la Policía se vio incapacitada para combatir al crimen.

“Están en su derecho. Estamos tranquilos, lo dimos todo por el país, arriesgando hasta la seguridad personal y familiar en el peor momento de violencia que vive Ecuador (…) mi concentración estará en una vida privada junto a quienes descuidé por tantos años: mi familia”, respondió Zapata.

Vocales del Consejo de la Judicatura

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El pasado 12 de diciembre el legislador de Construye, Jorge Peñafiel entregó en gestión documental su solicitud de juicio político contra la exvocal de la Judicatura, Maribel Barreno, el vocal Xavier Muñoz y el presidente del organismo, Wilman Terán.

»Ellos han cometido actos irregulares (…) sobre todo las omisiones que han cometido al no sancionar a los jueces que utilizando sus cargo liberan delincuentes de la manera más burda y rídicula», dijo el parlamentario a los medios de comunicación. (AGM).

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